El 12 octubre de 1938, las fuertes lluvias impusieron una tregua en la Batalla del Ebro. Cien mil soldados republicanos fortificaban la sierra de Cavalls, una frontera natural de Tarragona, para detener el empuje enemigo. Cavaban trincheras mientras la aviación les machacaba. Su coraje se agarraba a una consigna: resistir es vencer. De ellos dependía la defensa de Cataluña y Valencia. Mientras, dos emisarios de los gobiernos de Euskadi y la Generalitat catalana corrían por los pasillos del Foreign Office de Londres. Llevaban dos memorándums bajo el brazo con una solución para la guerra de España: abandonar a la República y declarar la independencia de sus dos regiones.
Los documentos, a los que por primera vez desde que se redactaron ha tenido acceso un periódico en los archivos del Ministerio de Exteriores británico, fueron entregados el Día de la Hispanidad y están firmados por el lehendakari José Antonio Aguirre(PNV), «presidente de Euzkadi» y Lluís Companys (ERC), «presidente de Cataluña». El texto era prácticamente el mismo. Indicaban en inglés que sus «dos países» eran «equidistantes de los elementos extremistas ahora en guerra», en referencia a la dictadura de Franco y el gobierno del socialista Juan Negrín. Ponían tierra de por medio y se colocaban a la misma distancia de fascistas y antifascistas. Se atrevían a afirmar que «vascos y catalanes» luchaban «en gran medida por el deseo de preservar sus derechos nacionales«, como si no existieran el PSOE, el PCE o la CNT. Por ello, planteaban directamente al ministro de Exteriores británico, el conservador Lord Halifax, una intervención del Reino Unido que impusiera la paz y les concediera el derecho de autodeterminación.
Los independentistas llevaban cocinando la deserción desde la primavera de 1938. En agosto, recién empezada la Batalla del Ebro, los ministros del PNV y ERC, Manuel de Irujo y Jaume Aiguadé, dimitieron del gobierno presidido por Juan Negrín (PSOE) con excusas banales. Alegaban que era inútil resistir y se apuntaron al sálvese quien pueda. Así, desde junio, mantuvieron reuniones con Londres y París al margen de la República, como si fueran actores independientes. La resolución de la Crisis de los Sudetes en Checoslovaquia pareció darles la razón y la usaron de pretexto para hacer creer a los británicos que es imposible «una paz duradera en la Península si no se tienen en cuenta los problemas nacionales de vascos y catalanes y su derecho a la autodeterminación».
Los memorándums imponían el relato del hecho diferencial. Incluían un mapa de España con Galicia, Euskadi, Navarra, Cataluña, Valencia e Islas Baleares marcadas con colores diferentes y el lema «Nacionalidades en la Península». En el «País Vasco» añadían a Navarra e indicaban que Euskadi y Cataluña estaban controladas por gobiernos autónomos, aunque el primero estuviera ya ocupado por las tropas de Franco. La página siguiente era una tabla con la población total de esas seis regiones -más de nueve millones de personas (el 39% del total), decían-, y la catalogaban como «Nacionalidad No-Castellana». El resto (el 61%), incluidos aragoneses y andaluces, eran «Regiones Castellanas».
Página del Informe en el que PNV y ERC dividían a la población española entre ‘Regiones castellanas’ y ‘Nacionalidades no castellanas’. MANUEL AGUILERA
Además, adjuntaban como anexos sus estatutos traducidos al inglés. El catalán, aprobado en 1932, y el vasco, admitido en plena Guerra Civil, en octubre de 1936, aunque el referéndum de este último -celebrado en 1933- había sido anulado por el gobierno republicano tras las alegaciones de los tradicionalistas en Álava.
Insistiendo en el acuerdo de los Sudetes, daban a entender que los territorios con otro idioma tienen derecho a la independencia: «Todos estos elementos –autodeterminación, plebiscitos, control internacional y una fuerza de policía internacional– empleados para alcanzar el actual acuerdo sobre el problema de las nacionalidades en Checoslovaquia, podrían utilizarse con ventaja, si se aplican con un espíritu de justicia hacia todas las partes, para lograr un acuerdo en la Península».
Y concluían avisando de que se opondrían tanto a una dictadura como a una república que rechazara sus aspiraciones: «Ignorar el derecho de los vascos a la autodeterminación (…) obligaría a los vascos a creer que no es posible una coexistencia pacífica y legal con los españoles; y, por tanto, les obligaría a oponerse a la consolidación de cualquier Estado español».
Trocear España en cuatro
El 30 de octubre de 1938, más 500 cañones y 100 aviones machacaron la sierra de Cavalls. Franco lanzó el mayor bombardeo operativo de la Guerra y los republicanos aguantaron heroicamente durante horas hasta que recibieron la orden de retirada. Todavía hubo tiempo y coraje para lanzar contraofensivas, con ocupaciones de nuevos pueblos, pero el empuje del enemigo era arrollador. El 16 de noviembre volvieron a cruzar el río y volaron los últimos puentes. Más de 7.000 soldados republicanos, algunos catalanes de solo 16 años, habían perdido la vida. La mayor batalla de la guerra había terminado.
Tras la derrota en el Ebro, las propuestas fueron más lejos. Como explican los historiadores Ángel Bahamonde y Javier Cervera en su libro Así terminó la guerra de España, el 24 de noviembre de 1938 el exministro del PNV Manuel de Irujo y el conseller de Justicia catalán Pere Bosch Gimpera plantearon a los británicos cesar la lucha con el reconocimiento de cuatro estados: Euskadi, Cataluña, el territorio de Franco y el territorio del Gobierno republicano español. Es decir, abandonaban a la mitad del país bajo la dictadura del enemigo. Los historiadores concluyen: «El mensaje era claro: el cese de las hostilidades sí, pero seguido del reconocimiento de Cataluña y el País Vasco como Estados junto con los otros dos».
Lluís Companys, president de la Generalitat, y José Antonio Aguirre, lehendakari vasco, durante unas intervenciones en los años 30. en los años 30.
Otro memorándum que encontraron Bahamonde y Cervera en los archivos británicos es del 10 de noviembre y viene firmado por Luis Arana Goiri, fundador del PNV y creador de la ikurriña junto a su hermano Sabino. En él explicaba a los ingleses que eran víctimas del «yugo español monárquico o republicano, siempre insoportable por el odio español». Su solución era más surrealista porque añadía la separación de Aragón: «Que Inglaterra, en colaboración con Francia, se declaren protectoras de las dos repúblicas que habían de formarse del Pirineo al río Ebro: Euzkadi, bajo el protectorado efectivo de Inglaterra, y la Catalano-Aragonesa, bajo el protectorado de Francia». Así, «Inglaterra conseguiría la posesión de la vía terrestre más corta de acceso al Mediterráneo (…) en un puerto que a Inglaterra conviniera en el mar, próximo a las Islas Baleares».
El Reino Unido escuchó estas proposiciones, pero nunca las valoró como posibles soluciones al avispero español. Como explican Bahamonde y Cervera, «Londres deseaba el final de la guerra con un nuevo gobierno, no contribuir a tendencias centrífugas que convirtieran un interlocutor en la Península en tres o cuatro».
Un antecedente: la traición de Santoña
Un año antes de aquel abandono, el PNV se había puesto también de perfil en la lucha común contra el fascismo. Cometió la llamada «traición de Santoña», un pacto con las tropas fascistas italianas que arruinó la defensa republicana de Santander. Mientras los milicianos antifascistas del norte, muchos de ellos vascos comunistas y anarquistas, se preparaban para resistir el asedio, tres batallones de gudaris desertaron y desarmaron a milicianos izquierdistas de Santoña para entregarse al enemigo. La tensión estuvo a punto de generar un combate armado entre ikurriñas y tricolores republicanas.
El acuerdo se había fraguado en secreto entre el PNV y el estado mayor italiano en agosto de 1937 y buscaba asegurar el exilio a Francia de la mayoría de los dirigentes y militantes del partido. Un informe interno asegura que estaban preparados para resistir dos meses más, pero se rindieron para salvar vidas: «Queríamos buscar una salida visible a nuestro ejército y evitarle cuanto más mejor la pérdida de sus hombres que, mirando en nuestro sentido de pueblo, los necesitamos mucho y en esta inteligencia, la solución única era la italiana».
Mussolini y Franco aceptaron el pacto, pero Roma no paga traidores. Limitaron luego al máximo el trato especial a los nacionalistas vascos con el pretexto de que habían retrasado demasiado la rendición.
El exsenador del PNV Iñaki Anasagasti, autor del libro El otro Pacto de Santoña, no cree que aquello fuera una traición a la República y justifica la entrega del ejército vasco porque no tenía artillería ni aviones «ni ninguna posibilidad de defensa». Además, «salvó vidas y haciendas» en Euskadi.
Ante la avalancha de ofensivas y deserciones, el 24 de agosto el Ejército republicano del Norte dio orden de abandonar la defensa de Santander y retirarse hacia Asturias. La rápida victoria fue una poderosa arma de propaganda para la causa franquista. Todas sus ciudades celebraron actos por la conquista total de Cantabria.
La desmemoria del PNV
Todos los partidos con representación en el Parlamento vasco menos PP, VOX y Cs aprobaron el pasado septiembre la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi. En contraste con la «equidistancia» y «extremismo» del que habla su memorándum de 1938, el texto aprobado por el PNV –además del PSE-EE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU– afirma que la II República española «supuso avances significativos en los derechos civiles, políticos y sociales e hizo posible el primer Estatuto de Autonomía de Euskadi». Por ello, establece que son elementos «contrarios a la memoria histórica de Euskadi» las «alusiones que desmerezcan a la legalidad republicana y a quienes la defendieron».
Precisamente este domingo 14 de abril, aniversario de la proclamación de la República española, el lehendakari Iñigo Urkullu (PNV) celebró un homenaje a las víctimas vascas y asturianas de la Batalla de Saibigain, junto a Bilbao, y anunció que institucionalizaría la fecha para recordar a los que perdieron la vida «en defensa de la libertad y la democracia». «Conocer la historia es imprescindible para que no vuelvan a repetirse las injusticias», declaró a Europa Press.
Otras ventas de territorio
El reciente libro El oro de Mussolini (Arzalia, 2022) relata otras negociaciones con potencias extranjeras que vulneraban la integridad territorial de España. Revela que, en los primeros meses de 1937, el Gobierno republicano llegó a plantearse la cesión del Marruecos español, las Islas Baleares y Canarias para comprar la retirada de Italia y Alemania de la guerra. El presidente del Gobierno, Largo Caballero (PSOE), y el embajador republicano en París, Luis Araquistáin (PSOE), pusieron en marcha la llamada Operación Schulmeister, que consistió en abrir negociaciones con Hitler y Mussolini para que dejaran de apoyar a Franco.
En palabras de Javier Tusell, fue «la maniobra diplomática más arriesgada de la República». El agente Luis Chapiro, alias Schulmeister, celebró tres reuniones con los italianos y cuatro con los alemanes. La negociación se estancó con estos últimos porque exigían un documento por escrito. Sin embargo, Mussolini puso las cartas sobre la mesa: se mostró dispuesto a un acuerdo si conseguía el control tácito de las Islas Baleares, además de un pago económico y ventajas comerciales. La propuesta llegó a discutirse en el Consejo de Ministros, pero no se hizo acta, como reveló la ministra de Sanidad, Federica Montseny (CNT). Finalmente, la presión del Reino Unido y la destitución de Largo Caballero en mayo de 1937 suspendieron las negociaciones.
Tras casi un año de guerra y hechos tan graves como el bombardeo de Gernika, el nuevo Gobierno de Juan Negrín centró su estrategia diplomática en la compra de la intervención del Reino Unido y Francia. En febrero de 1938 fueron Negrín y su ministro de Defensa, Indalecio Prieto (PSOE), quienes propusieron la cesión de las mejores bases navales españolas, Cartagena y Mahón, al Reino Unido para comprar su apoyo a la República. El hecho fue denunciado en sus memorias por el capitán republicano Alberto Bayo, testigo de la oferta, y confirmado por el llamado Informe Goddard, redactado por el coronel Sir Robert Victor Goddard y disponible también los archivos del Foreign Office.
El Gobierno conservador británico tampoco aceptó la propuesta y continuó con su política de apaciguamiento que, a la postre, perjudicaba a la República. El 27 de febrero de 1939, cuando todavía resistía Madrid y la zona centro-sur republicana, reconoció junto a Francia oficialmente a la España de Franco. Ya no había esperanza. Un mes después se rendirían los últimos republicanos