El gobierno enfrenta una de las semanas más delicadas de su tormentoso mandato. El PSOE está tan preocupado por la reforma del desfalco que María Jesús Montero llamó a casi todos los magnates regionales, asegurándoles que los políticos que desfalcan dinero con fines lucrativos no se beneficiarán de la reforma. Pero ahora todos quieren ver cómo se cumplirá esa promesa. Félix Bolaños, junto a su equipo jurídico, se encuentra en complejas negociaciones con Unidas Podemos y ERC; un plan afín a la sedición, que el lunes propuso una enmienda de compromiso que, según fuentes gubernamentales, anularía la enmienda de ERC, cuyo objetivo es muy claro: el comportamiento del líder no estará bajo ninguna circunstancia en el proceso.
El gobierno sí accedió a mitigar las sanciones por el uso de fondos públicos para financiar y preparar referéndums ilegales, pero no a legalizarlos. El ERC sostiene que, según la redacción de su enmienda, estas acciones no equivaldrían a malversación. El texto de los republicanos dice que quienes «utilicen fondos públicos para fines privados y no relacionados con funciones públicas» serán condenados a entre seis meses y tres años de prisión. El Gobierno no solo cambiará el concepto a través de la transacción, para que quede más claro que hay un delito de peculado en el proceso, sino que también cambiará la sanción, porque ERC se ha rebajado demasiado a ojos del Ejecutivo. . Esto es similar a incitar un incidente. ERC quiso reducir su pena máxima a tres años, mientras que el Gobierno apostó más por los seis años -desde 15 ahora- y finalmente acordó fijar su pena máxima en cinco años, tres veces menos que la condena actual.
Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2022.foto: Jesús Hellín – Europa Press
El Gobierno aún no ha precisado cuánto queda por malversación, pero será superior a los tres años propuestos por ERC y muy inferior a los ocho años que existen actualmente. Los republicanos insisten en la reforma porque afecta directamente al núcleo del entorno de Auriol Junqueras como vicepresidente, a su equipo más cercano y al propio líder de ERC. Pedro Sánchez accede finalmente a enmendar este delito central en la lucha contra la corrupción, que supone un enorme riesgo político, con dos condiciones: sobre todo, que la enmienda sea «quirúrgica» y que haya garantía de que no se beneficiará ningún corrupto. persona que utiliza dinero público para enriquecerse o participar en un esquema corrupto, aunque no tenga fines lucrativos, este es el caso más sonado como ERE, Cocina u otros escándalos de financiación ilícita.
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La segunda condición, que ahora deben poner en práctica los equipos negociadores, es que no se legitime el proceso. Hay mucho debate en el mundo legal. Incluso algunos magistrados del Tribunal Supremo, el tribunal que debía interpretar todas estas reformas, señalaron que se despenalizaba el proceso al suprimirse el delito de sedición y sustituirlo por el delito de desorden público grave. Si los líderes catalanes hacen lo mismo ahora, afirman, no llegarán a ninguna parte, o simplemente serán acusados de desobediencia y no encarcelados.
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En el gobierno se enfadaron con esta explicación, pues insistieron en que era todo lo contrario: la nueva tipificación del delito define perfectamente actos como el procés, mucho mejor que la sedición, que crea muchos problemas y el Tribunal Supremo protestó en privado que no lo hacía. No encaja bien con lo que pasó en octubre de 2017. Algo similar sucedió con la malversación de fondos, excepto que el texto final no está claro. Lo que está haciendo el gobierno para que los líderes del proceso sean peculados será muy claro, aunque sus sanciones son mucho más leves, porque según el Ejecutivo, la reforma de 2015 hizo que la corrupción pura y el mal uso de los fondos públicos fueran demasiado equivalentes.
“El PSOE nunca apoyará nada que suponga la despenalización de la malversación de los recursos públicos, porque cualquier malversación de los recursos públicos debe ser sancionada penalmente, siempre que sea un delito”, ha concluido este viernes Pilar Alegría, ministra de Educación y Portavoz por el PSOE.
Esta nueva jugada de Sánchez ha suscitado más oposición externa y sobre todo interna que la agitación por la reforma, una de las cuales es la falta de explicación por parte del gobierno y la rapidez con que se implementa. ser remitido al Pleno. Se han emprendido reformas complejas del derecho penal a una velocidad sin precedentes. El temor de algunos magnates regionales es que se haga tan rápido que pase como si fuera ley. A diferencia de este caso, que tomó mucho tiempo y toda la denuncia obligatoria, aún así tuvo malas consecuencias, reduciendo las sentencias de 50 delincuentes sexuales y 12 delincuentes sexuales están actualmente libres.
Es tal el temor generalizado de que a los corruptores se les reduzca la pena como resultado de esta reforma que la ministra Montero centró su mensaje personal en esto: Les aseguró absolutamente que eso no sucedería. Aun así, mientras algunos que hablaron en nombre de Sánchez suavizaron su postura tras esta conversación con Montero, otros la han rechazado de frente. En particular, los presidentes de Aragón, Javier Lamban, y Castilla-La Mancha, Emiliano García Pécs.
Los nobles están inquietos y nadie en el Gobierno niega que Sánchez corre un riesgo muy grande en esta última decisión, que pone fin a un vertiginoso diciembre en el que el presidente ha ordenado implementar todas las polémicas medidas. Su idea es empezar en enero un año electoral -un año en el que está en juego casi todo el poder político de España- sin crisis interna. Al poder centrarse en las campañas electorales a largo plazo, así como en los datos y la gestión económica, el PSOE y Unidas Podemos pretenden dar la vuelta a unas encuestas que mejoran para ellos pero que siguen dando la delantera a la derecha.
“El problema es que no se explicó claramente desde el principio. El daño ahora está hecho por la opinión general negativa sobre la reforma del código penal. Hay que ser muy delicado en la negociación y cortar cualquier elemento que menos suene a proteger corrupción», concluyó un barón. “España está tan polarizada que es difícil saber cuál es el impacto de llevar algo así. Apenas hay traspaso entre bloques. Todo se analiza en función de lo que es tuyo o de lo que hace la persona que tienes delante. Es una pena, pero Eso es lo que es. No creo que la gente vote por esto en mayo, sino por el estado de la economía”, dijo otro. Otros creían que Sánchez sabía sopesar para evitar consecuencias imprevistas, pero nadie ocultaba sus preocupaciones.
¿Cuál es la raíz de la causa? No hay duda de que esto claramente no es legal, sino político. “Sánchez quiere acabar con el ciclo de este proceso y entrar en una nueva fase. La gente necesita líderes fuertes, y él lo es. La ciudadanía votará los resultados, y su voto debe ser muy claro: el independentismo está más fracturado que nunca, y es perdiendo el poder en Cataluña», afirma una fuente del Ejecutivo. Sánchez parece haber cerrado un trato férreo con ERC, que incluye incluso arriesgarse a un posible desgaste en el resto de España si los republicanos consiguen un oponente real por su compromiso con las negociaciones y abandonar la posibilidad de repetir el proceso. Esta táctica les llevó a romper con Junts que no estaba de acuerdo y sacarlos del gobierno. Todavía no se ha llegado a un punto en el que PSC y ERC puedan ponerse de acuerdo sobre el presupuesto de Cataluña, pero nadie lo cuenta, y el líder del PSC, Salvador Illa, vota todos los días en señal de responsabilidad.
El PSC es más fuerte que nunca en Cataluña, y Sánchez confía en lograr resultados extraordinarios en las elecciones generales con su política de «abolición del proceso judicial», que ha visto indultos, luego reformas de sedición y ahora reformas de corrupción. El riesgo que algunos ven en el PSOE es que la política pueda dañarlo en otras partes de España. Pero Sánchez cree que, por el contrario, podrá mostrar sus resultados en la mejora de la situación de Cataluña como baza electoral. Y, lo más importante, por eso se ha movido tan rápido, saltándose cualquier tradición parlamentaria de reforma penal. Cree que pasará como un indulto: los resultados se verán en unos meses y la polémica quedará atrás. «¿De qué hablará Feijóo en marzo? ¿De esto? Si sigue así, alimenta a Vox. A partir de enero hablaremos de economía, de gobernanza, de ayudas, de fondos de recuperación. Todo esto pasará», concluye una ministra.
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