Ortega reformará la constitución de Nicaragua para tener control absoluto sobre la policía y castigar a los desertores

Agentes de la Policía Nacional de Nicaragua en Managua en mayo pasado.Pensilvania

Delegados leales a Daniel Ortega y Rosario Murillo discutirán y aprobarán una reforma constitucional presentada por el comité ejecutivo sandinista el miércoles 5 de julio para modificar el artículo 97, que define el marco legal de la Policía Nacional. Esta decisión representó una transformación completa de la institución cuestionada: la despojaron de su carácter civil, dejándola solo como una «fuerza armada» y reforzaron su completa obediencia al Presidente de la República, el líder sandinista A que «gobierna con su esposa». «.

Si bien el cambio puede ser insignificante en la práctica, dado que la policía ha sido el principal medio de represión de la pareja desde 2018, representa un cambio significativo a nivel normativo. Primero, las reformas eliminaron los límites de ser un «cuerpo profesional, apolítico, apartidista, sumiso y no consultivo». “Por otro lado, refuerza la definición de las Fuerzas Armadas al ubicarlas de manera preeminente bajo la Presidencia, presentándola como una institución más de carácter coercitivo, y dejando de lado el modelo preventivo, propositivo y comunal”, Elvira Cuadra , director del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM), experto, explicó a la seguridad de El País.

Según un documento legislativo en poder de El País, el diputado Mário José Asensio Flores convocó a sesión ordinaria el miércoles 5 de julio a las 9 horas para discutir la reforma del artículo 97 de la constitución política. Pero el objeto de la reunión era también reformar la ley orgánica, funciones, profesiones y régimen especial de seguridad social de la Policía Nacional (872).

La Reforma Constitucional establece ahora que “La Policía Nacional es una institución armada dependiente del Presidente de la República encargada de proteger la vida de los habitantes del país, mantener el orden social y el orden interno, garantizar la seguridad de las personas y de las instituciones, y garantizar la seguridad del Estado». Respetar la propiedad estatal, social y privada, prevenir, perseguir e investigar los delitos, y prestar el auxilio necesario a las autoridades civiles y judiciales en el ejercicio de sus funciones. Además, resaltó los sometimientos de la policía al ejecutivo.»La Policía Nacional se apoya en las atribuciones que ejerce el Presidente de la República en su calidad de jefe supremo y se apega estrictamente a la constitución política, la cual mantendrá con respeto y obediencia. «

Cuadra insistió en que las reformas eran parte de la «institucionalización del estado policial», una cacería de brujas permanente para todas las voces críticas en Nicaragua. «Estos cambios se hicieron para legitimar la implementación de facto de una serie de políticas de seguridad que tienen un carácter represivo y vigilan a la sociedad nicaragüense en su conjunto. Otro problema tiene que ver con la reconfiguración de las instituciones del Estado para que tengan un marco legal», dijo el experto en seguridad, quien se exilió en Costa Rica y fue despojado de su ciudadanía por el régimen sandinista.

En otras palabras, la familia Ortega-Murillo repitió lo que hizo a fines de 2020: sus representantes aprobaron una serie de leyes represivas (ciberdelincuencia, supervisión de agentes extranjeros, traición a la patria y cadenas perpetuas) para su persecución. La persecución permanente brinda el marco legal. Desde las protestas de 2018, se han realizado ejercicios dirigidos a opositores, periodistas, religiosos, partidos políticos, líderes de la sociedad civil, feministas, agricultores y cualquier persona considerada crítica.

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prisión para desertores

Para dar cabida a los cambios constitucionales, los diputados también reformarán la Ley N° 872, por la cual se regula y ordena la Policía Nacional. Según un documento de propuesta visto por El País, se ha añadido una nueva cláusula a la ordenanza: «Delito, incumplimiento del deber y deserción del personal policial», la más destacada de las tres cláusulas.

El aumento de los incidentes de deserción se produce en el contexto de decenas de policías que huyen de la agencia y huyen a otros países, como Estados Unidos y Costa Rica. El último caso conocido y sonado es el de la subcomisaria María de Jesús Guzmán Gutiérrez, quien encabeza el barrio Matagalpa. La oficial se comprometió a «seguir apoyando a nuestra gente» durante el 42 aniversario de la policía en septiembre de 2021, cuando ella y otros 109 oficiales fueron ascendidos en el departamento de policía en el norte de Nicaragua. Sin embargo, “menos de dos años después huyó a Estados Unidos”, denunció la abogada Yadel Morazán, trabajadora del sistema judicial.

El nuevo artículo establece que “el personal policial que abandone sus puestos constituye delito de deserción y lesiona gravemente la seguridad de los ciudadanos será sancionado con pena privativa de libertad no menor de dos años ni mayor de tres años”, para ejercer presión. sobre estas fuerzas, pero al mismo tiempo asegurarse de que no haya una reducción en el número o la capacidad de los cuerpos policiales”, insistió Cuadra.

En las infracciones cometidas por agentes policiales, la policía aplicará “las infracciones previstas en esta Ley, sin perjuicio de las infracciones previstas en la Ley N° 10”. 641, «Código Penal». Además de «negligencia en el deber», «los policías que no obedezcan las órdenes de sus superiores sin causa justificada y pongan en peligro la seguridad de los ciudadanos, serán sancionados con prisión de seis meses a dos años».

Desde las protestas sociales masivas en 2018, en las que la policía ha jugado un papel clave, matando a los manifestantes con disparos mortales, la agencia ha crecido en número y ha establecido un estado policial permanente en PeriodistasdeGénero centroamericano. Según grupos de derechos humanos, la policía ha sido clave en la construcción de un régimen totalitario, ya que arresta a los opositores, tortura en las cárceles, confisca propiedades y realiza vigilancia en las ciudades para prevenir la violencia. Su «jefe máximo» el presidente Ortega y Murillo «copresidente».

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