La gente pasa frente a la estación de servicio de Mexicana en la Ciudad de México en agosto de 2010.Marco Ugarte (AP)
Está pendiente la toma de control por parte del gobierno federal de la extinta marca Aeroméxico y sus activos. Han pasado más de cuatro meses desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció lo que parecía ser un acuerdo exitoso: el ejecutivo comprará los derechos de la marca y los activos de la destartalada aerolínea para lanzar su propia aerolínea militar, trato que ofreció. para pagar 815 millones de pesos, recursos que serían distribuidos a 6.500 exempleados afectados por la quiebra de la aerolínea hace más de una década. El trato parece ir bien, con los ex trabajadores y el gobierno federal ganando. En ese momento, ni la tripulación clave de pilotos y auxiliares de vuelo ni el propio gobierno esperaban varias apelaciones para descarrilar el proyecto: un grupo de 229 exempleados de la aerolínea rechazó el trato y presentó dos apelaciones colectivamente, el recurso impide que se levante el embargo, así que usa el activo.
Ante este impasse legal, el presidente López Obrador lanzó esta semana un ultimátum a los trabajadores descontentos: o retiran las protecciones y permiten que los activos y las marcas se vendan antes del 5 de junio, o retiran su oferta. El riesgo muy real de perder una última oportunidad de recuperar las deudas con Mexicana ha hecho sonar las alarmas para otros empleados que esperan llegar a un acuerdo de compra-venta con el gobierno. Sindicatos de auxiliares de vuelo, pilotos, trabajadores confiables y jubilados mexicanos han pedido al grupo de poco más de 200 exempleados que reconsideren su posición y permitan que el gobierno federal les compre la marca. Sin embargo, los descontentos confirmaron que al aceptar el trato renunciarían a una compensación, a través de incentivos, más equitativa y acorde con lo que deberían haber recibido después de 12 años en tierra.
Los ejecutivos han pisado el acelerador para poner en marcha la aerolínea nacional antes de que finalice su mandato. La semana pasada se lanzó oficialmente la Aerolínea del Estado Mexicano, a través de la cual operará la aerolínea estatal y pasará a formar parte de la Secretaría de la Defensa (Sedena). El presidente sigue queriendo que los aviones de su aerolínea lleven el nombre «Mexicana», y con el desembolso millonario obtendrá otros activos: dos simuladores de vuelo, un centro de entrenamiento, Valderas (Ciudad de México) y un edificio en Guadalajara (Jalisco). ).
Fausto Guerrero Díaz, presidente de la Asociación de Jubilados, Trabajadores y Extrabajadores de Aeroméxico (Ajteam), llamó a los descontentos a reconsiderar sus posiciones individuales por el bien colectivo. “Hoy tuvimos la oportunidad de que Mexicana volviera a volar, y lamentablemente la falta de consenso entre los trabajadores puede llevar a que Mexicana no vuele más. Esta venta es una salida digna”, comentó en conferencia de prensa este jueves. Si bien reconoció que la oferta de López Obrador fue inferior a lo exigido por la ley tras años de no recibir salario ni beneficios, también advirtió que fue el único gobierno que presentó una propuesta por la marca, que con los años había perdido valor. . Si la marca mexicana valía $75 millones en 2015, hoy vale unos $20 millones, o unos 400 millones de pesos, según dirigentes gremiales.
Agregó que si fueran a más juicios o buscaran recursos legales, podrían perder otros cinco a 10 años, tiempo durante el cual los bienes se deterioran porque no tienen dinero para mantenerlos. «Desde enero del año pasado, nos han dicho que los fondos que se utilizarán para comprar estos activos provendrán del año fiscal 20-22, por lo que tenemos que acelerar la emisión porque si no lo hacemos, esos recursos tendrán que irse. de vuelta a los fondos federales», dijo. explique.
Ada Salazar, secretaria general de la Asociación de Sindicatos de Azafatas de Aerolíneas (ASSA), explicó que el retiro de la protección de los derechos constitucionales no significa la desaparición de los incentivos vigentes, estos remedios siguen siendo independientes, pero es necesario el retiro de los derechos constitucionales para levantar la prohibición. , y con eso daría paso a las compras gubernamentales. “No es una venta, es un poco de oxígeno para todos nosotros. El gobierno ha activado el mecanismo para otra aerolínea, que ya tiene nombre comercial, pero si eso no se materializa (comprando la marca mexicana), tal vez lo hagan. dale It’s Well-being Airline o como se llame», decía la advertencia.
Los representantes sindicales de auxiliares de vuelo, pilotos, personal de tierra, fideicomisarios y jubilados están instando a sus compañeros colegas a retirar sus protecciones, no solo para no perjudicar las ventas de la marca, sino también debido a las promesas del gobierno de que serán priorizados como nuevos empleos de aerolíneas militares. el personal Para evitar una venta fallida del gobierno, los sindicalistas convocaron una manifestación especial de última hora en un último intento de convencer a los grupos disidentes.
Sin embargo, este grupo de 200 exempleados disidentes no tiene intención de cambiar de puesto, incluso con este plazo sobre sus hombros. Iván Enríquez, uno de los trabajadores involucrados en esta protección, explicó que desaprobaron la propuesta de contratación del gobierno porque establece la asignación de recursos en función del puesto y la antigüedad, lo que pone a los pilotos en riesgo de sobrecarga que en desventaja. “Nosotros acordamos vender, lo que no acordamos es el reparto que están planeando, el exgerente puede cobrar cientos de miles de pesos, y el jubilado cobrará como 40 mil pesos, según el acuerdo, el más favorecido es se desprecia al Pueblo privilegiado y desprotegido”, comentó.
Enríquez aseguró que el grupo disidente había sido marginado al inicio de las conversaciones y que no les habían dado la misma información que a otros compañeros. “No nos rendiremos, tenemos derechos constitucionales y estamos pidiendo que se lleve el caso a la Corte Suprema para llegar al fondo de este asunto. La deuda que tienen los jubilados es enorme y no nos pagan desde 2011”. , resolvió . La azafata jubilada de Aeroméxico dijo que mientras luchaban por un bono de 815 millones de pesos, si lo consiguieran, cada exempleado valdría más de 2 millones de pesos.
Los exempleados de Mexicana, que cada día perdían su trabajo por la quiebra de la empresa, luchan desde hace años en los tribunales para que se reconozca su premio, y ahora enfrentan una decisión crucial: aceptarán al menos 815 millones de pesos repartidos entre más de 6.000 personas, camarada, o abandonarán la propuesta del gobierno y seguirán luchando en los tribunales, lo que promete una recompensa mayor, aunque puede tardar años en materializarse.
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