columna poliédrica
Lo que pasó con la Caja Costarricense del Seguro Social es una de las jugadas políticas legales más repugnantes de la sociedad costarricense. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta de que fue orquestado por un hombre con conocimientos legales, y que ha sido colocado en esa institución, este hombre, para destruirlo y obedecer el diseño de grupos de interés. negocio farmacéutico. privado.
Es simplemente una indecencia iniciar un proceso penal para luego tener fundamentos legales para suspender a un miembro de la junta. Hacen toda esta porquería porque no quieren respetar los derechos de los trabajadores de la CCSS y el gobierno del señor Chaves Robles está empeñado en hacerlo a base de un reemplazo amañado de los miembros del directorio, los hombres del presidente presionarán por un trato que no solo deshace y bloquea los ajustes salariales de los funcionarios, pero sigue privatizando y disolviendo la agencia.
Repugnante e indecente son adjetivos fuertes y, como siempre, serán fuente de críticas para este artículo y su autor. Los estoy usando esta vez porque son juicios de valor relacionados con hechos que suceden en la CCSS que son extrañamente indiferentes tanto para propios como para extraños; el resto de la sociedad reacciona con la mayor respuesta posible, pero hay un silencio inquietante.
El problema es que los bloques económicos interesados en el negocio médico privado logran incorporar personas a su estructura institucional, trastornando su funcionamiento desde adentro, sentando las bases para la privatización de los servicios médicos. Esto sucede no solo en las salas de juntas sino también en diferentes servicios con profesionales médicos y otras actividades relacionadas con el sector salud, preconizando la sanidad privada en detrimento de la sanidad pública.
La disrupción de la CCSS también ocurre en la formación de los profesionales de la salud. Por un lado, las universidades privadas, cómplices de la jurisdicción constitucional de Costa Rica, utilizan el hospital de la CCSS para desarrollar negocios educativos y lucrar con los estudiantes; quienes llegan son personas que no tienen conocimientos profesionales médicos básicos. Resultado: Los asegurados están expuestos a diagnósticos erróneos y malas prácticas por parte de estos «profesionales».
Ahora, lo que deja de ver el sol es que las personas designadas para hacer esta porquería deben ser expertos en derecho laboral, o incluso intérpretes autorizados de la constitución política de Costa Rica. Esta contradicción es absoluta porque no solo perjudica a los trabajadores de la CCSS, sino indirectamente a otros trabajadores costarricenses que verán cercenado o eliminado su derecho a la salud con el desfinanciamiento y la privatización de los servicios; también porque propugna Desconocer la estructura constitucional establecida por el electorado de 49 países, la Se fomentan las facultades formales y de facto para ostentar el resto del órgano de decisión de la institución y su estructura orgánica.
Parafraseando al célebre novelista francés Víctor Hugo: los propios magistrados de jurisdicción constitucional no merecen la disolución y privatización de la CCSS.
Andi Mirom es un filósofo
andimirom@gmail.com
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