El poder judicial ha experimentado disturbios en la primera mitad del año, con abogados del poder judicial (anteriormente conocidos como secretarios judiciales) y funcionarios públicos que se declararon en huelga para exigir salarios más altos y mejores derechos laborales. Estas protestas impiden la actividad judicial, lo que afecta directamente a los pequeños despachos de abogados y abogados, cuyos ingresos se reducen porque su supervivencia depende del avance de los casos y la emisión de sentencias. Para paliar las consecuencias de la huelga judicial, estos profesionales se han visto obligados a tomar medidas drásticas como Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y cierres temporales.
“En el ámbito procesal de los despachos de abogados, por regla general, los honorarios están vinculados a las actuaciones judiciales. Si se paraliza el proceso, el problema es que el cliente no puede seguir recibiendo facturas porque el proceso no avanza”, Javier, abogado de la representación el Comité de Dirección del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) · Javier Mata explicó a Cinco Días. Socio de Anderson en Madrid. Juan Carlos Estévez, presidente de la Academia de Fiscales Generales de España, dijo: «La mayoría de los profesionales cobran por casos terminados, no cobramos si el caso no está terminado». Enfatizó que la huelga está causando «Más daños» Las oficinas son más pequeñas porque luchan para llegar a fin de mes.
El representante del ICAM dijo que en el caso de las grandes firmas de abogados, las consecuencias fueron menos severas ya que tenían «mayor capacidad financiera» debido a su diversificación estructural. Agregó que “la reducción de ingresos en el área del programa puede ser compensada por otras áreas”.
De abogado a funcionario
Los primeros en hacer huelga fueron los abogados de la administración judicial, donde negociaron con el Ministerio de Justicia entre el 24 de enero y el 27 de febrero una subida mensual de hasta 450 euros. A fines de mayo, los jueces y fiscales también acordaron que el departamento había aceptado un aumento de tarifas similar. Sin embargo, los grupos denunciaron que el acuerdo aún no había entrado en vigor y lanzaron un ultimátum al Gobierno para que cumpla con sus compromisos antes de acudir a los tribunales y tomar nuevas medidas de presión.
En el caso de los funcionarios judiciales, que desde hace tiempo amenazaban con iniciar protestas, iniciaron un paro parcial el 17 de abril, pero el 22 de mayo decidieron dar un paso más e iniciaron un paro indefinido. En este caso nunca se planteó ninguna posición, por lo que el gremio decidió suspender su reclamo hasta que se forme el próximo gobierno luego de las elecciones del 23 de julio.
Ante esta situación, algunos presidentes de colegios de abogados han alertado sobre la difícil situación que atraviesan los despachos: «Los abogados empiezan a cerrar», dijo Carlos Arias, presidente de Córdoba, en un mitin el 28 de junio. En este día, abogados y abogadas de todas España salió a manifestarse contra el «colapso» de la justicia. El «colapso» del poder judicial a lo largo de los años, exacerbado por la epidemia, los obligó a cerrar las persianas durante el encierro de tres meses. El despacho de abogados murciano también ha advertido de cierres y despidos.
Tal y como ha señalado Javier Mata, en el caso concreto del colegio madrileño no se han constatado cierres, pero sí «ERTE y salidas concertadas», así como una petición de ayuda a la Fundación Cortina según el ICAM, atendiendo a familiares y miembros vulnerables. En cuanto a los abogados, Estévez dijo que el organismo que preside exhorta a los colegios regionales a bajar las cuotas de membresía como medida de apoyo, como lo han hecho durante la crisis sanitaria del covid-19.
«Casi desde cero»
Como ha señalado Javier Mata, la parálisis del proceso provocó «distorsiones» en las cuentas de las distintas oficinas. A pesar de la diferencia de ingresos, los gastos de personal, alquiler de oficinas y gastos de consumo, que representan hasta el 65% de los gastos de oficina, siguen existiendo. “Si la estructura de ingresos se ve interrumpida por los retrasos, en poco tiempo los despachos de abogados empiezan a tener dificultades para cumplir con la estructura de costes y, como consecuencia, empiezan a despedir empleados y te ves obligado a cambiar la forma en que se desarrolla tu actividad”, explicó el camino. A ello hay que sumar el «coste moral» de la situación para muchos abogados y procuradoras, que en muchos casos se ven obligados a empezar «prácticamente desde cero», subrayó.
Durante los casi seis meses de conflicto, los abogados se han quejado de las dificultades a las que se enfrentan en su vida cotidiana, incluso cuando no se les notifica adecuadamente que se ha suspendido el proceso. Por ello, Eduardo Morato, miembro de la Sección Jurídica del Sindicato de Abogados de Venia, lamentó que este año judicial pueda darse ahora por «perdido», lo que supone un enorme coste para los profesionales (abogados y procuradores) daños y perjuicios, y para una persona justiciable».
En ese sentido, estima que el Departamento de Justicia tardará «de tres a cinco años» en «ponerse al día con este avance». “La situación es trágica e irreparable, ya que siguen teniendo que incurrir en los mismos o similares gastos, pero sin ingresos”, agregó.
carta al gobierno
El 20 de junio, Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía de España, y su homólogo de acusación, Juan Carlos Estévez, enviaron una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (Pedro Sánchez), pidiendo una «resolución inmediata del conflicto» para volver al «funcionamiento normal del estado de derecho».
La carta enfatizó que el poder judicial vive “una parálisis que afecta gravemente a todos los ciudadanos inmersos en el proceso judicial, y ciertamente a las decenas de miles de profesionales del derecho y la fiscalía que les atienden, que efectivamente se encuentran imposibilitados de trabajar, y decenas de miles de personas trabajando con los abogados y el fiscal general». Hasta ahora, no han recibido respuesta, según el presidente del bufete de abogados.
caso de Corte
El Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), uno de los colegios de abogados más importantes de España, realizó una encuesta a sus colegiados a través del Comité de Relaciones Administrativas y Judiciales (CRAJ) entre el 26 de mayo y el 5 de julio de 2023, para conocer las consecuencias de la huelga. Participaron 193 abogados de más de 17.300 escuelas en ejercicio.
Las principales conclusiones de la consulta fueron que el 74% dijo que se había retrasado en la notificación y el 84% confirmó que se había suspendido el proceso judicial. Los incidentes más importantes se produjeron en el ámbito civil (casi el 50%), seguido de los incidentes sociales (19%) y los incidentes delictivos (16%). En el ámbito familiar, el 9 por ciento de las demandas y acciones también se registraron pero no se ejecutaron debido a las protestas de los funcionarios.
En el 80% de los casos, los profesionales del derecho aseguraron que no habían sido informados previamente de la suspensión de la señal, a pesar de que en la gran mayoría de los casos habían solicitado con anticipación verificar si se celebraría o no una acción judicial.
Asimismo, entre los casos en que se abortaron los litigios y juicios, se establecieron nuevas fechas de cita con una demora inferior a un mes en solo el 12% de los casos; en el 62% de los casos, se encontraban pendientes de nuevas señales.
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