CIUDAD DE GUATEMALA, 20 ago (Prensa Latina) Un proyecto de ley para fortalecer las fuerzas de seguridad, considerado aquí como una contraprotesta, acaparó la semana informativa que concluyó hoy en Guatemala.
Desde el martes pasado, todas las miradas están puestas en el rumbo que tomará la mesa del Congreso y el futuro estatuto (6076), que fue inconstitucional en primera lectura pese a que partidos de oposición y organizaciones sociales se negaron a considerarlo.
La primera señal de alerta provino de representantes de los 48 estados de Totocapan, quienes en un comunicado oficial pidieron a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Shirley Rivera, que dejara de analizar el polémico texto.
En el primer compromiso, Rivera acordó que el grupo indígena lo enviaría al departamento legal para su análisis. Esta semana, sin embargo, una coalición de gobierno liderada por el partido Vamos anunció que había recomendado llevarla a la Corte Constitucional para su revisión.
Según el presidente de la legislatura, el proyecto de ley no tiene el derecho de prohibir las manifestaciones, está diseñado para permitir que la policía se defienda, respuesta que ha reavivado las críticas sobre su verdadero propósito en el contexto de las protestas contra el gobierno de Alejandro Giammattei y la persecución de periodistas, medios de comunicación y jueces.
El pasado martes 16, el Pleno de la Asamblea Nacional Popular decidirá si envía a la Corte Suprema de Justicia la futura Ley de Fortalecimiento de la Fuerza Pública y del Ejército, pero luego de dos horas de acalorado debate entre la oposición y la fracción oficialista, el tema fue puesto en espera. Por lo que queda la posibilidad de programarlo la próxima semana.
Ante el peligro que aún representa, la oposición parlamentaria acudió ante el Comité Central para bloquear su avance, mientras autoridades indígenas de 48 estados han radicalizado sus posiciones, proponiendo como única opción el archivo del texto.
Después de dos días de plantones en los suburbios y semirremolques, los líderes del Congreso se han comprometido a darles una respuesta el próximo martes, anunciando que tomarán todas las medidas legales a su alcance si no están de acuerdo con sus demandas bajo la Constitución. .
En su segunda declaración señalaron que los 48 estados siguen apostando por el diálogo, pero aconsejamos a los delegados que no pongan a prueba la determinación del pueblo guatemalteco y que sigan dando rumbo a este movimiento anormal.
Bancos como Semilla, Winaq, Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca también han hecho varios intentos de presentar una moción privilegiada para dejar de discutir la 6076, pero no tuvieron éxito ya que la abrumadora mayoría del oficialismo impuso su agenda sin dar mucho espacio para la discusión.