Transporte de menores marroquíes a su país en Ceuta el 14 de agosto de 2021.Joaquín Sánchez
La Fiscalía de Ceuta ha solicitado la inhabilitación por 12 años de la restitución de 55 menores marroquíes, exdiputados del Gobierno y vicepresidentes municipales, para agosto de 2021. La inhabilitación significa no poder ejercer cargos electivos o funciones de gobierno, y según Eldiario.es, hay otro requisito del Ministerio Público: perderán el «honor» asociado a sus cargos, y se suspenderá el sufragio pasivo. En su escrito solicitando la apertura del juicio oral, la fiscalía argumentó que Salvadora Mateos, quien fue despedida de la representación el 31 de octubre, y la vicepresidenta Mabel Dey, continuaron cometiendo prevaricación administrativa al hacer efectiva la deportación de menores. obedecer la ley. Aunque el Ministerio del Interior no apuntó responsabilidad alguna, el departamento de Fernando Grande-Marlaska facilitó e impulsó la operación; la propia exdiputada dijo en un comunicado judicial que seguía las órdenes de Madrid.
El caso se remonta a mayo de 2021, cuando cerca de 15.000 personas cruzaron la frontera del municipio en estado pasivo de las fuerzas de seguridad marroquíes. Fue la culminación de una crisis diplomática entre España y Marruecos, que buscaba desesperadamente apoyos para sus planes de conquistar la soberanía sobre el Sáhara Occidental. De todas estas personas, ingresaron más de 1.000 menores, lo que provocó el colapso del sistema de acogida de la ciudad.
«Ante la dificultad de asumir la situación de inestabilidad existente», decía la carta, el vicepresidente ceutí mantuvo varias conversaciones con el Ministerio del Interior y delegaciones gubernamentales, que juntos planificaron el regreso de los 145 niños a Marruecos en virtud del acuerdo alcanzado con el gobierno. Los menores regresaron en 2007. Del 13 al 16 de enero, la delegación y el vicepresidente llevaron a cabo la deportación de 55 menores hasta que un juzgado ordenó una medida cautelar para suspenderlos. La fiscalía ha sostenido desde un primer momento que la restitución de los adolescentes «no ha seguido los procedimientos establecidos por el ordenamiento jurídico vigente y, por tanto, no ha verificado la consistencia de los requisitos legales que permiten hacerlo».
Tanto la delegación como el Gobierno de Ceuta han argumentado que el acuerdo con Marruecos avala legalmente su actuación. La Fiscalía lo describió en su resumen: “A fin de no sujetar su actuación a lo dispuesto en la ley aplicable y evitar el pleno conocimiento de las responsabilidades administrativas y penales a que estarían sujetos, acordaron cooperar con la Reino de España y Reino de Marruecos Procedimientos ilegales basados en un acuerdo para prevenir la inmigración ilegal de menores no acompañados, su protección y retorno mutuo, bajo el pretexto de que éste permite el regreso inmediato a Marruecos por parte de las autoridades de menores no acompañados de nacionalidad marroquí sin tener acatar las normas sobre derechos y libertades de los extranjeros procedimientos y requisitos establecidos en la Ley Orgánica 4/2000 del
De hecho, el acuerdo exige el «cumplimiento estricto» de la legislación española, las normas y principios del derecho internacional y las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño. Estos requisitos se refieren, entre otros, a la elaboración de informes por parte de Marruecos para establecer la situación familiar del menor, la obligación de informar a los interesados del procedimiento a seguir y las garantías de que pueden formular cargos o exigir un informe fiscal que avale la actuación. Nada de eso se hizo, como lo demuestran las diversas etapas judiciales de este proceso. “Acordaron la deportación sin determinar si algún menor sería vulnerable en su país de origen, o si se perjudicarían los intereses del menor”, insistieron los fiscales.
La fiscalía también ha recordado que, pese a las reiteradas declaraciones de María Antonia Palomo, jefa del Distrito de Menores del municipio de Ceuta, «no estaba de acuerdo con el procedimiento, vulneraba el derecho interno e internacional». Personal directivo de la Fundación SAMU en la El Centro de Menores también advirtió a la vicepresidenta de Ceuta de la «situación de vulnerabilidad potencial» y del riesgo de no respetar el interés superior de los menores.
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