Vista de la entrada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en LuxemburgoJulián Warnand (EFE)
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) reconoció el martes que los afectados por el escándalo «Dieselgate» tienen derecho a una indemnización de los fabricantes de automóviles que instalaron dispositivos para controlar las emisiones de los vehículos.
«Las disposiciones de la Directiva marco, además de proteger los intereses generales, también protegen los intereses especiales de los compradores individuales de vehículos de motor frente a los fabricantes de vehículos de motor cuando un vehículo está equipado con un dispositivo de desactivación prohibido. Los Estados miembros son por lo tanto, está obligado a prever los derechos de los compradores de vehículos a obtener el derecho del fabricante del vehículo a una compensación”, dijo el TJUE. De este modo, el tribunal resolvió un caso en Alemania en el que un particular demandaba a Mercedes-Benz por venderle un coche con controles de emisiones falsificados.
Los afectados recurrieron ante el Tribunal Civil y Penal Regional de Ravensburg, que a su vez preguntó al Tribunal de Justicia Europeo si los demandantes tenían derecho a reclamar una indemnización al fabricante y, en caso afirmativo, cómo debía calcularse el importe de la indemnización. Respecto a este último aspecto, el Tribunal de Luxemburgo sostuvo que “corresponde a cada Estado miembro determinar estos criterios”, pero subrayó que “las regulaciones nacionales no deben hacer imposible o indebidamente difícil obtener una compensación adecuada por el daño causado a un Estado miembro”. Comprador». «También podrá preverse que los tribunales nacionales garanticen que la protección de los derechos garantizados por el ordenamiento jurídico de la UE no conduzca a un enriquecimiento injusto de los beneficiarios», añadió el TJUE.
El escándalo del «dieselgate» estalló en 2015 cuando el Grupo Volkswagen instaló un software ilegal para manipular las emisiones de sus coches diésel. Otros fabricantes como Mercedes-Benz, demandado en un caso al que respondió el martes el Tribunal de Justicia de la UE, también han sido acusados de ser culpables de las mismas tácticas que Volkswagen.
El incidente obligó a Volkswagen a pagar miles de millones de euros en daños y perjuicios a una demanda que presentó sobre el asunto. Sólo en 2022, el consorcio alemán deberá reservar 1.400 millones de euros para el escándalo, unos 700 millones de euros menos que en 2021, según los resultados anunciados por el grupo la semana pasada. Además, desde el inicio de la crisis, el «Dieselgate» ha contraído pasivos por valor de 4,2 mil millones de euros, de los cuales 3,6 mil millones de euros son resultado de demandas interpuestas por inversores alemanes.
«Las provisiones reconocidas, los pasivos contingentes revelados y otros riesgos legales potenciales en el asunto del diésel están sujetos a un riesgo de estimación significativo hasta cierto punto dada la complejidad de los factores individuales relevantes, la coordinación continua con las autoridades y el hecho de que la investigación está en curso. No se han obtenido conclusiones». Si estos riesgos legales o de evaluación se materializan, podrían generar costos financieros adicionales sustanciales», explicó el Grupo Volkswagen.
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