El nuevo escenario del “crowdfunding” en la ley Crea y Crece

El 29 de septiembre de 2022 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley de Creación y Crecimiento, cuya entrada en vigor está prevista para el 19 de octubre de 2022. Esta norma supone la principal reforma de la legislación empresarial que se implementará en el próximo Proyecto de Ley. El programa de generación eléctrica de la UE establece planes de recuperación, transformación y resiliencia en España.

El objetivo fundamental de esta ley es eliminar los obstáculos al desarrollo económico, mejorar el entorno empresarial y proporcionar un marco jurídico favorable para las entidades económicas, especialmente las pequeñas y medianas empresas y los trabajadores por cuenta propia.

Entre otras medidas, la ley regula las finanzas participativas y las plataformas de crowdfunding. Esta regulación genera muchas expectativas, especialmente para las empresas de la industria fintech, ya que representan otra nueva vía para el crecimiento y las oportunidades empresariales.

Durante la última década se ha promovido la financiación alternativa, en particular el crowdfunding, debido al uso excesivo de la banca por parte de las pequeñas empresas y la consiguiente vulnerabilidad.

El crowdfunding es un servicio financiero que conecta a inversores con patrocinadores que buscan financiación a través de una plataforma. La Ley de Creación y Crecimiento aborda la regulación de las plataformas de financiación participativa, apostando por un modelo híbrido de financiación bancaria (con ciertos ajustes) y acceso a los mercados de capitales en condiciones favorables, donde las empresas que buscan financiación puedan conectar con los inversores.

La nueva ley adapta la legislación española sobre plataformas de crowdfunding al régimen jurídico comunitario contenido en el Reglamento 2020/1503 e introduce una mayor flexibilidad al abrir fronteras a toda la UE. Con este ajuste se modifica el marco legal vigente hasta ahora, armonizando la legislación y aportando seguridad jurídica a todas las partes implicadas en las finanzas participativas.

Esta ley aporta muchas novedades respecto a la normativa vigente. Por un lado, crea un “pasaporte europeo” para las plataformas de financiación participativa. Incluye la obtención de una autorización única de las autoridades competentes de los estados miembros, que permitirá a la plataforma prestar servicios libremente en la UE. Las plataformas que reciban esta autorización tendrán la consideración de plataformas coordinadoras. Las empresas que no obtengan dicha autorización no podrán prestar servicios transfronterizos.

Por otro lado, también se ha establecido un límite único de 5 millones de euros por proyecto para todo tipo de plataformas. Esta limitación podrá superarse si se publica un folleto informativo, aunque en este caso la Plataforma sólo podrá ofrecer los artículos indicados en el Estado miembro de origen.

Otra novedad importante es que incluye la posibilidad de que los prestadores de servicios de financiación participativa ofrezcan servicios personalizados de gestión de carteras de préstamos e incluso puedan invertir por cuenta de los inversores. Para ello, el inversor otorgará una autorización que incluye todos los parámetros del servicio, que deberán ser guardados por la plataforma, así como todos los préstamos de cada cartera, durante al menos tres años a partir de la fecha de vencimiento del préstamo.

Finalmente, se estableció un límite único de inversión personal por proyecto para los inversores minoristas, con un importe máximo de 1.000 euros o el 5% del patrimonio personal (excluidos inmuebles y fondos de pensiones). Los inversores minoristas podrán seguir invirtiendo por encima de los nuevos límites, pero serán advertidos de los riesgos y deberán dar su consentimiento explícito.

Más allá de la normativa europea, como hacen otros países de nuestro entorno, la ley introduce la posibilidad de que algunas plataformas de financiación participativa puedan agrupar inversores, por ejemplo, en forma de sociedades de responsabilidad limitada u otros vehículos de inversión, y estarán sujetas a la supervisión de las autoridades competentes. autoridad. El atractivo de esta posibilidad radica en las implicaciones fiscales, ya que los inversores podrían acumular inversiones en los instrumentos antes mencionados y diferir impuestos hasta que vendan derechos de participación. Aunque este enfoque no ha sido prohibido anteriormente, estamos convencidos de que su introducción en la ley aportará una mayor seguridad jurídica para poder poner en práctica estos “clubes de inversión”.

Abordar la regulación de modelos de financiación alternativos como el crowdfunding es un éxito a la hora de impulsar la economía estimulando la inversión y creando empleo, especialmente para las pequeñas empresas, cuya amplitud de provisión de financiación ahora se consolidará ya que estaba monopolizada. entidad de crédito o financiera.

Ante esta evolución, las empresas de plataformas de financiación participativa deberán evaluar su cumplimiento de la nueva normativa, que será regulada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y adaptarse a la nueva normativa a medida que ésta también entre en vigor. Sistema de sanciones.

Ignacio Echazara Cubillo y Marta Gil de BiedemaAbogado López-Ibor Abogados

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