Apenas tres días después de que el comisario de Justicia de Europa, el conservador Didier Redles, propusiera renovar con urgencia el obsoleto Consejo General de Justicia y emprender una reforma del sistema de elección de sus miembros, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Fejoo (Alberto Núñez Feijóo el año pasado estándares defendidos públicamente que eran diametralmente opuestos a los de Reynders y él mismo. Es necesario reformar el modelo electoral antes de renovar las instituciones. De las palabras de Reynders ante Felipe VI y el ministro de Justicia el lunes, actualizando las «prioridades» del órgano de gobierno de los jueces de cara al inicio de la presidencia de la UE en España el 1 de julio, y la conveniencia de un estudio posterior, según él , una reforma encaminada a adecuar el sistema a los «estándares europeos» (un año antes se había referido a un «estándar europeo» inexistente).
La reforma de Feijóo está en la línea del anuncio de Reynders por parte de su portavoz, Cuca Gamarra, de una propuesta de reforma del sistema electoral de parlamentarios en el Pleno del Congreso del próximo martes. Durante meses, comisionados y miembros del PPE han estado involucrados en una campaña para que los jueces elijan directamente a los 12 miembros para representarlos, sin aprobación judicial. En el sistema actual, el Congreso y el Senado acuerdan 12 candidatos de los casi 50 seleccionados previamente por el mismo juez.
El nuevo cargo de Feijóo sancionó efectivamente una orden de desobediencia inconstitucional que el PP tenía instalada desde hacía más de cuatro años. La campaña táctica del partido apunta a retener un consejo que represente la mayoría calificada que obtuvo Mariano Rajoy en 2013. La declaración de Cucagamara y la posición expresada por Feijóo son una representación más de un laico en la política jurídica que trasciende todas las limitaciones y funciones de los jueces que gobiernan las instituciones de una manera sin precedentes en la historia de la democracia española. Desde 2018, el PP ha eludido, eludido o surfeado en reiteradas ocasiones su obligación constitucional de actualizar el CGPJ bajo pretextos aún más inverosímiles o endebles.
Cuando el PP ha estado a punto de pactar la renovación más de dos o tres veces, los motivos políticos de los sucesivos bloqueos a favor de la mayoría conservadora se han hecho cada vez más evidentes. Es una injusta contradicción con el sistema democrático hablar de constitucionalismo sin vergüenza. Quienes acercaron peligrosamente su conducta en el ámbito judicial a las anomalías propias de países como Polonia y Hungría -que emergieron insidiosamente durante el discurso de Reynders el lunes- fueron los dos presidentes del PP, Pablo Casado y Feijóo, y sus La prórroga deliberada del actual CGPJ expiró hace cuatro años y medio. La campaña táctica de hoy sigue una vieja estrategia: garantizar una mayoría conservadora de 10 años y esperar mantener CPGJ por otros 5 años. Condicionar la renovación del Consejo a la aprobación de reformas a su modelo de elección de miembros retrasaría inevitablemente la renovación en el tiempo, incluso si se hubiera llegado a un consenso para implementarla.