El edificio de Uxmal 543, donde se encuentra la alcaldía de Cuahutémoc.

Parte del auge inmobiliario que ha vivido la alcaldía Benito Juárez en los últimos años es ilegal. Así lo estableció en múltiples casos la Oficina de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (PAOT) de la Ciudad de México, la agencia gubernamental encargada de velar por el cumplimiento de las normas de construcción de la capital. Según documentos obtenidos por PeriodistasdeGénero, el organismo alertó en 2014 al entonces alcalde Jorge Romero, actual diputado del Partido Acción Nacional (PAN), de que al menos siete edificios presentaban una serie de irregularidades. La oficina del fiscal general pidió a Romero que sancione a quienes cometieron los excesos y que tome medidas contra el edificio, en algunos casos eliminando pisos adicionales más allá de lo permitido. También le pidió que abra «procesos administrativos y penales» contra los funcionarios involucrados. Ninguno de estos fue seguido. Las propiedades permanecieron intactas hasta julio pasado, cuando la procuraduría municipal anunció acciones legales contra los responsables de su llamado cartel inmobiliario.

En un documento de febrero de 2014, la PAOT informó a Romero, alcalde de Benito Juárez, de 2012 a 2015, que durante su gestión recibió 1,779 ciudadanos por violaciones en las instalaciones de la misión Quejas de conducta. Según información de la Fiscalía General de la República, sólo los informes de la Alcaldía sobre temas territoriales concentraron el 10 por ciento de las denuncias en toda la ciudad en ese momento, jurisdicción de Miguel Ángel Mancera (PRD). Las autoridades abrieron al menos siete investigaciones a raíz de la denuncia de Benito Juárez, por lo que no se tomaron en cuenta las recomendaciones emitidas. El diputado Romero fue consultado por el diario sobre el contenido del expediente del PAOT, pero no respondió al momento de la publicación.

La anomalía del desarrollo inmobiliario de Benito Juárez entró en el debate en julio pasado, cuando la Fiscalía de la Ciudad de México anunció un caso legal conocido públicamente como cártel inmobiliario. El documento comienza con la explosión de una lavadora en uno de los inmuebles investigados, y hasta ahora, Luis Vizcaíno, exdirector jurídico y de gobierno en la alcaldía entre 2009 y 2016, ha sido encarcelado, acusado de enriquecimiento ilícito y puesto bajo una súplica para encontrar a Nicias Aridjis Vázquez, exdirector de obras públicas de la delegación, quien las autoridades creen operó de 2006 a 2018.

La recomendación de la Oficina del Fiscal General es un historial de larga data de repetidas violaciones en el edificio de la Oficina del Alcalde. Una de las violaciones denunciadas fue la emisión de certificados de uso de suelo, que son documentos que determinan legalmente lo que se permite en una propiedad. En 2014, la PAOT se quejó con Romero por la «conducta reiterada» del personal encargado de presentar documentos emitidos en la década de 1990 que eran más favorables que lo que permitía la ley ocho años antes.

También criticó a la delegación por no tener control sobre los documentos presentados a la alcaldía para obtener los permisos para construir edificios. “Se ha determinado que la delegación no ha cumplido con su obligación de revisar el pleno cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento de construcción del Distrito Federal al momento de registrar la declaración de construcción”, dice el documento.

Según la Fiscalía General de la Nación, el primer incumplimiento, el permiso de uso de suelo, derivó en el otro, la construcción ilegal. «Las obras realizadas no respetaron el nivel y la cantidad de viviendas permitidas”, condenó el organismo. Además, una vez canceladas las obras, la falta de control provocó que la alcaldía no tomara las medidas y sanciones correspondientes, «entre ellas, el derribo de edificios» para evitar la violación. “No hubo una revisión oportuna de lo dispuesto para el cumplimiento de lo exigido para facilitar, en su caso, las acciones legales necesarias para proteger la calidad de vida de los vecinos”, abundó. A lo largo de la página, el organismo ha insistido en reiteradas ocasiones en que el Gobierno de Romero debería sancionar a los responsables de los excesos: «La falta de sanciones adecuadas es especialmente destacada».

De los siete edificios investigados por la Procuraduría General de la República en febrero de 2013, el año anterior a la emisión de las recomendaciones, todos violaban las normas establecidas en los planes de desarrollo urbano, que son usos de suelo aprobados por las autoridades de la ciudad El plan, que establece las reglas para construcción. Uno de los edificios, sito en la calle José María Ibarrarán, 38, deberá tener un máximo de tres plantas y seis viviendas. De hecho, la agencia encontró que la propiedad tenía cuatro pisos y 12 casas, el doble del número permitido.

Otro ejemplo es el edificio de la calle Uxmal 543, que tiene un máximo de 3 plantas y 9 viviendas. Pero en realidad, según el PAOT, se construyeron 7 pisos y 24 casas. Una situación similar ocurrió en todas las demás direcciones investigadas, donde se construyeron más departamentos de los permitidos. En la siguiente cuadra, a pocos metros, hay otro edificio con denuncias de infracciones. Todas estas propiedades forman parte de una lista de 69 inmuebles que actualmente se investigan en la causa contra el cártel inmobiliario.

El edificio de Uxmal 543, donde se encuentra la alcaldía de Cuahutémoc.El edificio de Uxmal 543, donde se encuentra la alcaldía de Cuahutémoc.Mapa de Google

Entre los requisitos para construir el edificio, explica el documento, el proyecto «debe cumplir con las disposiciones del plan de desarrollo urbano», lo que no se hace bajo el registro PAOT, citando la ley de desarrollo urbano de China. capital. Una vez que el edificio está listo para ser ocupado, la alcaldía trabaja entre lo aprobado en el proyecto y lo que realmente se construyó. Si todo va bien, las autoridades de la delegación emitirán un permiso para ocupar la propiedad de acuerdo con la ley. Esto apunta directamente al gobierno de Jorge Romero, ya que a estas casas se les dio permiso para ocuparlas a pesar de estar tomadas.

Ante todas estas fallas, el PAOT calificó las «negligencias y violaciones» del alcalde como «insuficientes y parciales». Aseguró que la sanción a las empresas constructoras que construyeron los edificios debe ser demoler los niveles superfluos. “Las infracciones al uso de suelo en cuanto a altura no pueden ser subsanadas por ninguna otra sanción”, explicó la Fiscalía General de la Nación. Agregó que la «administración inadecuada del espacio urbano» de Benito Juárez tuvo un «impacto enorme» en la calidad de vida general de los ciudadanos, no solo de la alcaldía sino de la ciudad en general.

Finalmente, la Procuraduría General de la República instó a Romero a tomar las acciones, según lo permite la ley, para verificar que el edificio para su alcaldía cuente con los permisos correspondientes y no esté excediendo los límites. La directiva del PAOT incluye sanciones a las empresas constructoras que deban demoler los pisos extra que hayan construido ilegalmente, así como «acciones administrativas y penales contra los supervisores responsables de la obra y los funcionarios correspondientes». Esa carta fue ignorada. Según pudo constatar este diario, ninguno de los edificios ilegales de cuatro plantas de la calle Uxmal fue demolido.

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