Activistas indígenas tzeltales José Luis Gutiérrez y César Hernández.RR SS
El eterno debate entre el respeto y protección de los territorios mexicanos y las distintas ideas de progreso se concreta ahora en Chiapas, ejemplificado por José Luis Gutiérrez y César Hernández. Hace más de dos años, Gutiérrez y Hernández, vecinos del municipio de Chilón cerca de Ocosingo, en el corazón de la selva Lacandona, fueron condenados a dos años de prisión por marchar en contra de la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en su localidad.
Pagar una multa de 6.500 pesos (320 dólares), además de una condena que difícilmente lo llevará a la cárcel, es un proceso que se entiende en Quirón para enfrentar la amenaza de cualquier tipo de protesta, ya sea de la Guardia Nacional, la jefatura de policía ., finalmente construido, o diferente. Gutiérrez y Hernández son miembros de la organización regional Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevipe), que ha criticado el desplazamiento forzado de pobladores de otras localidades en el caso de Chenalhó, o la construcción de la carretera entre San Cristóbal de las Casas y Palenque.
“César y José Luis pertenecen al Ejido San Jerónimo, que es parte de Chilón, donde se construirá el cuartel. Decidieron protestar con otros ejidatarios, porque ni siquiera fueron consultados como ejido. La protesta se dio en la comuna con Ocosingo Fue un hecho pacífico, luego la policía estatal los detuvo arbitrariamente a ambos”, explicaron Ivette Galván y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), integrantes del equipo legal de apoyo a la comunidad.
Galván y César Contreras, compañeros del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, explican que el intento de construir el cuartel derivó en la primera demanda constitucional en México contra la construcción de tal complejo. “La presencia de instituciones militarizadas en la zona es injustificada porque el índice de criminalidad es muy bajo, además no se comunica adecuadamente a la población y no se consulta con anticipación”, explica Contreras.
Tanto Centro Pro como Frayba criticaron la decisión del juez, en gran medida porque los grupos explicaron que la calidad de las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado en el juicio fue muy mala. La familia acusó a la pareja de disturbios. En un comunicado, Freba explicó que la fiscalía no ha probado que ninguno haya cometido ningún delito. Para colmo, la agencia ignoró las denuncias de tortura realizadas por los dos activistas contra los agentes cautivos.
“Los testigos que comparecieron ante el tribunal no acreditaron que pertenecieran a la policía estatal, ni que participaran en las protestas del 15 de octubre de 2020, cuando los ejidos de San Sebastián Bachajón y San Jerónimo Bachajón se opusieron a la construcción de cuarteles policiales. el estado no fue consultado de antemano para custodiar sus territorios nativos sin necesidad de protección alguna”, se lee en el comunicado. “De igual forma, la Fiscalía no ha logrado certificar en la investigación la calidad de los especialistas y peritos judiciales en su materia que sustentan las declaraciones imputadas a los defensores comunitarios”, agregó.
campamento militar en la jungla
Vecinos de la cabecera municipal de Chillón y otras comunidades marchan hacia San Sebastián Bachajón para protestar contra la construcción de un cuartel militar el 15 de octubre de 2020. El Secretario de Defensa se encuentra en medio de una gran revisión de su mandato actual de seis años, construyendo desde cero una estructura logística en México para la Guardia Nacional, una nueva empresa de seguridad lanzada hace un año y medio. Sólo en Chiapas construiría una decena de cuarteles.
Para los vecinos de Chilón y algunos de sus barrios existe un descontento con la llegada del complejo. Como explicó el propio Gutiérrez a la periodista Orsetta Bellani el año pasado, su llegada traerá «problemas como ejecuciones y todo tipo de violencia contra la población local, alcoholismo, consumo de drogas y prostitución». Hernández aclaró que lo anterior no era hablar por hablar. “Esto lo sabemos porque en nuestro territorio ya tenemos un campamento militar, lo construyeron en la década de 1990 luego del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y luego de una lucha logramos cerrarlo, porque nos causó mucha problemas.»
En algún momento de la marcha, policías estatales, que llevan años bajo escrutinio por las tácticas que utilizan en el marco de las protestas sociales, tomaron medidas contra sus vecinos por el caso de la represión de 2021 a los estudiantes de la Escuela Normal Mactumatzá. en Quirón. Según Frayba, la policía reprimió duramente. Once personas resultaron heridas y Gutiérrez y Hernández fueron detenidos. La policía los aisló del mundo exterior y condenó la tortura de los agentes.
“El aislamiento al que fueron sometidos y las torturas de los agentes fueron condenados porque cuando los detuvieron fueron golpeados repetidamente. Luego fueron recluidos en régimen de aislamiento durante cinco horas. Pero la fiscalía dijo que no consideraría el asunto, pero Corrupción de agentes, la policía le quitó 2.000 pesos a José Luis y su celular”, explica Jorge Luis López de Frayba.
Además de la tortura y el confinamiento solitario, la pareja pasó más de dos semanas en una prisión de Chiapas. Luego fueron puestos en libertad, pero la fiscalía ha abierto un proceso de motín en su contra. El juez los procesó y si bien les permitió transitar libremente por el proceso, los obligó a firmar cada pocos días en Ocosingo, a pocas horas de su casa. Jorge Luis López explicó que los condenados apelarán la sentencia y presentarán otra denuncia por tortura.
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