Consultorio Jurídico de la CIDH denuncia “violaciones de derechos humanos” estatales en caso Cordón

La Oficina Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), argumentando que hubo un grave incumplimiento de las obligaciones estatales en la investigación de la denuncia de violación cerca de Colden. Defendieron a la mujer que dijo ser víctima de abuso sexual por parte de tres hombres y un adolescente. Los tres adultos fueron despedidos a pedido de la fiscalía y los menores nunca fueron acusados.

A su juicio, el Estado está dividido por la Fiscalía General de la República, aunque gran parte de sus argumentos se centran en los fiscales Raúl Iglesias, Judith Rodríguez y Shubert Velásquez. En cuanto a su comportamiento, consideran que estas personas están actuando de manera injusta porque » parcializados por los medios» y por ellos mismos. Piden una indemnización por daños y perjuicios, además de la aceptación pública del incumplimiento y una disculpa, una formación «integral y profunda» antes de asumir tales cargos, y una orden para que Uruguay cambie sus leyes para que los derechos de las víctimas del ejercicio puedan ser plenamente ejercidos. implementado.

Finalmente, pidieron que se reabra el caso «porque fue archivado por discriminación y falta de debida diligencia».

La comisión deberá analizar si acepta el caso y de ser así preparará una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En la denuncia obtenida por El País, los abogados dijeron que los fiscales «no investigaron todo lo que debían haber investigado, y lo hicieron con parcialidad y prejuicios y basándose en pruebas ilegales y fragmentarias en un contexto social violento». Fue por ello que su clienta sufrió violencia institucional y se violaron sus derechos a la justicia, la verdad y la reparación. Uruguay debería garantizar todas las cuestiones tras la firma de la Convención de Belém do Pará.

A su vez, señalan que esto sucede en un contexto específico: a pesar de los avances de Uruguay en distintos frentes jurídicos, la “oposición feminista” ha sido “feroz” y “un clima social que se resiste al feminismo es medio”. Se han logrado avances en los derechos humanos de los grupos discriminados”.

Por otro lado, recordaron que la transmisión de audio de los hechos ocurridos en el programa La Pecera (Azul FM) impactó a los fiscales que desconocieron el contexto. No se tuvo en cuenta que estaba «alcohólica, encerrada, superada en número, en shock, desorientada, discapacitada física y emocionalmente».

A su vez, las investigaciones sobre la circulación del material quedaron «paralizadas durante mucho tiempo» tras el allanamiento de la emisora.

Raúl Iglesias se hizo cargo del caso tres meses después de que los tres jóvenes fueran acusados. El despacho jurídico argumentó que «el allanamiento mediático se inició de inmediato» y seleccionó a Ignacio Álvarez -con quien a la víctima se le había prohibido el contacto y quien habría sido denunciado por pasar el audio- para que venga a hablar sobre las posibilidades que el crimen indica para quienes gente. Liberado de prisión a arresto domiciliario. Allí, el denunciante señaló dos hechos graves. Por un lado, el fiscal anunció en los medios que estaba considerando pedir medidas preventivas más flexibles, ya que las primeras en enterarse siempre deben ser las víctimas directamente afectadas.

Iglesias, por su parte, habló de que la mujer podría ser acusada de tener relaciones sexuales con un joven de 17 años, cuando ella tendría 30 años. En un análisis realizado por la Fiscalía, concluyeron que la relación entre ambos -si era consensual- era perfectamente legal y que el enfoque del fiscal era de «acusación» y «interrogatorio» intimidatorio.

Posteriormente fue designada la fiscal Judith Rodríguez para asumir el cargo. En septiembre de 2022 pidió a la víctima que prestara declaración judicial, aunque sus abogados entendieron que era un inconveniente por diversos motivos, entre ellos su frágil estado emocional. Posteriormente, dijeron, fueron convocados a una reunión donde la fiscal dijo desconocer los detalles del caso pero que «lo que dijeran los medios era suficiente».

También les pidió que testifiquen nuevamente en la fiscalía «para darle entendimiento del caso». Al final, esto no sucedió porque sus abogados se negaron. Para entonces, dijeron, había declarado en seis ocasiones (entre policía, fiscalía, resúmenes y peritajes). Al informar, citaron el fallo de la Corte Internacional de Justicia de que «es absolutamente incomprensible que se hayan tenido que hacer seis declaraciones frente a diferentes actores».

Por otro lado, denunciaron que por la forma en que se tomó la decisión de pedir el sobreseimiento de los tres imputados, no se realizó la debida diligencia para investigar con perspectiva de género. En este sentido, las abogadas señalan que cuando toda la legislación de género deja claro que hay que agotar todas las vías, todavía hay pruebas que hay que solicitar y analizar. Aquí, dijeron, tuvieron que obtener una declaración de un amigo de la víctima e intentar desbloquear el teléfono de uno de los acusados, que había borrado vídeos y mensajes.

A Schubert Velázquez se le encomendó la tarea de reexaminar el caso. Finalmente ordenó el sobreseimiento total. Durante el nuevo juicio, el fiscal intentó tomar una confesión vía video, pero la joven no portaba batería, por lo que no se dio la confesión. Según Velázquez, «hizo una serie de comentarios evasivos y luego no tuvo más contacto». Respecto al teléfono del acusado, insistió en que no podía desbloquearlo.

Los abogados, por su parte, criticaron que el fundamento provenía de un vídeo que representaba sólo un fragmento de lo sucedido, y que se hablaba de «falta de violencia» cuando el foco debería haberse centrado en la falta de consentimiento.

También dijeron que los fiscales «hicieron inferencias» que estaban «basadas en la aplicación de estereotipos y prejuicios sexistas».

Para fundamentarlo, señalan otra sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que señala que “cuando se utiliza la fuerza, la amenaza de fuerza, la coerción o el recurso a determinados medios, no se puede inferir ninguna inferencia de ninguna palabra o conducta”. de la víctima está de acuerdo». El entorno coercitivo socava su capacidad de dar su consentimiento libre y voluntario. «

«Ella fue victimizada nuevamente», concluyeron los fiscales.

En el despacho de la Udelal denunciaron la mala conducta del fiscal Iglesias, que pese a ser pública, no fue investigada de oficio. Además, la mujer fue llamada a declarar en el escrito y entró en pánico cuando se le preguntó sobre los registros proporcionados a Azul FM por los fiscales. «Fue revictimizada en un procedimiento administrativo con sanciones desproporcionadas a la gravedad de su conducta y el daño no fue reparado», dice la denuncia, en referencia a una suspensión de cuatro meses de los fiscales sin aprobación. Pagar.

«No se trata de ganar o perder, sino de cómo ganar o perder».

Soledad Suárez, docente de la clínica jurídica, dijo a El País que entienden que «es muy importante atender las denuncias de incumplimiento por parte del Estado» y recordó sus responsabilidades en los casos en que se cuestiona la visión de género.

En ese marco, destacó que el Comité para Evaluar el Cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer felicitó a Uruguay por algunos de los avances logrados, pero destacó la necesidad de aplicar plenamente esos estándares. Al mismo tiempo, hay “algunas iniciativas que no tienen en cuenta estas obligaciones”. Destacó proyectos que violaban la perspectiva de género y aquellos que implicaban denuncias falsas de abuso. De hecho, su carta afirmaba que el caso era visto como «un símbolo de denuncias falsas».

El abogado también detalló las pérdidas sufridas por la víctima a raíz del caso. Dijeron que el incidente lo había dejado traumatizado y tuvo graves consecuencias psicológicas, lo que le obligó a someterse a tratamiento y le hizo la vida diaria imposible en muchos sentidos.

Además, fue despedida y no pudo regresar a trabajar después de ser reconocida en materiales publicados. Finalmente, en busca de un futuro mejor, llegó a la capital y tuvo que rehacer su vida en el interior.

Durante la entrevista, el abogado aseguró que el motivo de la acción no fue un «mal» resultado, lo cual siempre fue una posibilidad. “No se trata de despedir o no despedir, de formalizar o no formalizar (la investigación). No es lo que llevó a la presentación de una denuncia (internacional) contra la entidad, sino el incumplimiento por parte de la entidad de sus obligaciones estatales. Sucedió en No se trata de ganar o perder, se trata del cómo y el cómo”, explicó.

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