Bruselas ha hecho sonar una alarma clara y severa a España por el retraso en la implementación de una directiva para proteger a los denunciantes de corrupción, una ley importante para que los denunciantes potenciales puedan sentirse seguros cuando exponen irregularidades o incumplimientos de la ley en su lugar de trabajo o incluso leyes gubernamentales. Tal y como ha anunciado este miércoles la Comisión Europea, ha decidido condenar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a España y a otros siete países por su retraso en trasladar un acto legislativo europeo al derecho nacional. A partir de diciembre de 2019. Veintisiete países tienen como plazo máximo para adaptar su legislación, hasta el 17 de diciembre de 2021.
Además de España, que se encuentra en la fase final de ratificación de la ley pero superado el plazo fijado por Bruselas, los países condenados son Alemania, República Checa, Estonia, Hungría, Italia, Luxemburgo y Polonia. El Ejecutivo europeo acusó a todos ellos de «no trasladar a su ordenamiento jurídico las directivas que protegen a quienes denuncian infracciones del derecho de la Unión o las medidas de notificación al Estado».
La llamada directiva de denunciantes es un tema especialmente sensible en Bruselas estos días, en una capital que aún no se recupera de un supuesto escándalo de corrupción en el Parlamento Europeo en países como Qatar o Marruecos, el llamado Qatargate, que estalló el pasado diciembre, que muchos expertos creen que podría haberse evitado si las instituciones europeas se hubieran aplicado bien esta directiva de protección de denunciantes.
El Congreso de los Diputados aprobó a finales de diciembre de 2022 el proyecto de ley de protección de las personas que denuncian casos de corrupción, que es una norma de obligado cumplimiento de la Directiva europea, pero tras su paso por el Senado, el proyecto de ley aún está pendiente de aprobación definitiva y publicación en el BOE.
Las directivas europeas obligan a las grandes empresas y administraciones públicas a disponer de un canal de denuncias interno y seguro para facilitar las denuncias de los trabajadores, pero corresponde a cada país decidir si las denuncias solo se pueden presentar a través de estos canales, o si existen. También hay canales externos, una opción que España está impulsando en su factura.
Fuentes comunitarias señalaron que, en principio, el comité podría retirar su recurso ante el TJUE si finalmente PeriodistasdeGénero designado cumpliera con la petición antes de que el juez luxemburgués comenzara a analizar el documento. La fuente enfatizó que era importante que la directiva se implementara de una vez por todas. De hecho, España no es el único país de la UE que está dando largas en este tema: hace apenas un año, cuando había expirado el plazo para convertir la Directiva, la Comisión publicó un documento sobre un total de 24 países -27 Estados miembros de 10 – por no cumplir los plazos, incluido España. Desde entonces, la mayoría ha dado un paso al frente, aunque algunos todavía no han completado el proceso, por lo que Bruselas ha decidido dar el último paso en la gama de apercibimientos, que no son sólo apercibimientos graves, que ahora pueden terminar en multas emitidas por Luxemburgo.
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