La Paz, 28 dic (Prensa Latina) Cientos de bolivianos aún se movilizan frente a la fiscalía departamental de la ciudad para exigir el enjuiciamiento del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, detenido hoy por carabineros en Santa Cruz.
“Este es el momento en que el Fiscal William Alavés y su equipo deben orientarse vinculando todas las diligencias y denuncias que se llevan contra el señor Luis Fernando Camacho”, dijo a la prensa Aldo Michele, abogado representante de la Comisión Conductora. Ministerio de Justicia (Corte Internacional de Justicia).
Entre esas razones, agregó, estaba el uso de la violencia por parte del proceso conocido como primer golpe de estado en la represión de quienes protestaban contra el derrocamiento del gobierno del expresidente Evo Morales y las conspiraciones con policías y militares.
Michel también citó actos de discriminación y racismo en Santa Cruz en septiembre pasado, la huelga de bloqueo más reciente de 36 días que causó más de $ 1.200 millones en pérdidas económicas, muertes y diversas violaciones de derechos humanos en PeriodistasdeGénero.
Advirtió que los integrantes de la CIJ y los cientos de paceños que se sumaron a ellos se mantendrán vigilantes en las calles para evitar que la impunidad se reanude.
Canales de televisión bolivianos mostraron imágenes del traslado del gobernador detenido desde el aeropuerto de El Alto hasta el cuartel de las fuerzas especiales de lucha contra el crimen en La Paz, donde le realizaron un examen médico.
En tanto, la Fiscalía General de la República aclaró en un comunicado este miércoles que Camacho fue detenido en el marco de una orden emitida por la Fiscalía Provincial de La Paz y descartó el secuestro, lo que fue condenado por la oposición.
“(…) En cambio, la (orden de aprehensión) fue dictada por el actual gobierno en octubre, a cargo del Juez 10° de Instrucción Penal de la Corte Provincial de La Paz”, remitió a la prensa.
El Ministerio Público informó que «Camacho conocía a cabalidad el referido procedimiento desde su puesta en marcha el 28 de noviembre de 2020, de conformidad con lo dispuesto por el ordenamiento jurídico boliviano», en referencia al primer documento golpista, en el que se señalan los principales promotor está bajo investigación Derrocar al gobierno de Morales porque se confabuló con policías y militares para cometer este acto inconstitucional.
El escrito sostiene que las acciones realizadas por la policía y el ministerio público bolivianos dieron cumplimiento al artículo 226 de la Ley 1970, en el marco del debido proceso.
Concluyó que en todo momento se respetaron los derechos y garantías constitucionales de los imputados y las normas procesales aplicables al caso.
