Anuncio de huelga de transportistas: ¿Hay fuerza mayor en el contrato? | legales

Llegamos a fin de año con un llamado a un nuevo paro indefinido contra los operadores a nivel estatal, lo que nos recordó el paro de 20 días en marzo pasado.

Mientras esperan para determinar si finalmente llegan a un acuerdo con el transportista y levantan la huelga, muchas empresas temen que esto pueda tener un impacto en su actividad económica en fechas con el Black Friday y los eventos navideños tan cerca. Algunas empresas afectadas por la situación -principalmente en la fabricación, pero también en otros sectores como el comercio y la distribución- se están viendo obligadas a reestructurar sus actividades para minimizar las posibles consecuencias de la huelga.

En este punto, cobrará especial importancia la diligencia que demuestre el contratista en minimizar los daños. Por ello, es importante que fabricantes y distribuidores activen planes de contingencia para eliminar en la medida de lo posible los efectos adversos de la huelga, ya que este será uno de los puntos de la valoración de la indemnización final. .

De nuevo, esta situación puede tener implicaciones jurídicas relevantes en el ámbito de los contratos. El principal problema es que muchos fabricantes o distribuidores no pueden cumplir con sus obligaciones legales en tiempo y forma por causas que no les son imputables. En otras palabras, un retraso en la entrega o interrupción del suministro podría dar lugar a un incumplimiento del contrato y, en algunos casos, la parte perjudicada puede solicitar una indemnización o sanciones.

En este caso, entonces, surge la duda de si la llamada huelga del transportista puede ser considerada un caso de fuerza mayor (artículo 1.105 del Código Civil), es decir, en caso de incumplimiento y, por tanto, el pago de cualquier compensación.

En este sentido, la fuerza mayor es un concepto jurídico incierto que ha sido ampliamente desarrollado en la jurisprudencia. Así, la doctrina clásica del Tribunal Supremo exige que su aplicación concurra a ambos requisitos: (i) primero, que se trate de un hecho imprevisible, o aun siendo previsible, fue inevitable; (ii) segundo, que el acusador no haya tenido culpa , que el hecho no puede ser atribuido a la parte incumplidora (STS N° 233/2001, 14 de marzo, Sala Primera, Rec. 545/1996).

Además de los requisitos anteriores, en casos específicos de huelga, la jurisprudencia ha identificado otros criterios que son cruciales para su evaluación, como un cierto nivel de diligencia y requisitos laborales. Por lo tanto, el requisito de que la huelga esté fuera de todo control y previsión del contratista es por lo que el precedente impide que la huelga del personal propio de la empresa sea considerada como fuerza mayor, ya que no se produjo el mencionado requisito de cesión.

Por otro lado, se deben considerar las particularidades del caso, así como el impacto económico de la pérdida de empleo. Por ejemplo, en el caso de la Huelga General de Transportes de octubre de 1990, el Tribunal Supremo consideró su prórroga sin preaviso y sus efectos -el bloqueo de carreteras y el cierre de las fronteras de Irún, La Junquera y Portugal-, para valorar la existencia de fuerza mayor (STS de 3 de marzo de 1998, Sala Tercera, Rec. 7023/1992).

Evidentemente, no podemos olvidar el principio básico de la libertad de contratación, por lo que debemos cumplir con el contenido pactado por las partes en el contrato y la situación concreta de fuerza mayor. En este momento, los términos negociados por las partes al momento de firmar el contrato pueden proteger plenamente sus respectivos intereses en este caso.

Por lo tanto, es necesario analizar cada caso específico y la interpretación de los términos del contrato para evaluar la consistencia de los requisitos jurisprudenciales para permitir la exoneración por fuerza mayor.

Por lo tanto, en general, entendemos que una huelga de transportistas tal como está planteada actualmente puede ser considerada una situación de fuerza mayor porque cumple con los requisitos legales de imprevisibilidad, inevitabilidad, enajenación e irresponsabilidad. Sin embargo, las peculiaridades de cada caso deben ser analizadas.

En definitiva, es previsible que de confirmarse la huelga se produzca un gran número de incumplimientos de contrato y conflictos entre proveedores y clientes que los agentes económicos tendrán que resolver. Entre las diferentes opciones para resolver un posible conflicto, lo mejor es entablar una negociación extrajudicial o un proceso de mediación en un intento de llegar a un acuerdo mutuamente satisfactorio que preserve la relación existente. No obstante, en caso de que no se pueda llegar a un acuerdo, las partes deberán resolver el conflicto por vía judicial o arbitral.

Beatriz Domingo Montero y Julia Verdaguer Gamell, Asesor legal y socio del Departamento de Resolución de Disputas y Litigios de Deloitte Legal.

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