Sede del Canal de Isabel II.Effie
Canal de Isabel II está dispuesto a pagar una prima de 182.000 dólares (unos 168.000 euros) para recuperar el control de la empresa colombiana Triple A que perdió en diciembre de 2021, cuando el Gobierno colombiano permitió que la Fiscalía aplicara leyes antidrogas para embargar la empresa . Así se estipula en el contrato que representa a la compañía madrileña ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el brazo del Banco Mundial dedicado a resolver controversias relativas a inversiones internacionales, que ha llevado el caso con el visto bueno del organismo condenar. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. El conflicto internacional de primera línea, que la embajada española y el Ministerio de Exteriores han movilizado, hasta ahora sin éxito, tiene sus raíces en la investigación del caso Lezo de una trama de corrupción en Madrid.
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«El arbitraje siempre va asociado a una bonificación por éxito», explicó un portavoz del Gobierno sobre el contrato de 399.000 dólares (unos 368.000 euros) ganado por Cremades & Calvo Sotelo. «En este caso, la prima fijada por Canal de Isabel II es inferior a la que suele fijarse en los casos internacionales», ha añadido, añadiendo que el premio era inferior a los 202.000 dólares originales (unos 186.000 euros) y sólo se concedería tras «obtener sentencia que desestimó por completo la pretensión de extinción del nombre de dominio». Es decir, si el Canal retoma todas las acciones, será como si nada hubiera pasado.
Los orígenes de este conflicto se remontan a 2018. La Fiscalía federal congeló entonces la participación de Canal en Triple A a través de Inassa, argumentando que la empresa española había cobrado a la empresa colombiana más de 60 millones de dólares por asesoría técnica, lo que no había hecho. ocurrir. La decisión deja la participación en manos de Sociedad de Activos Especiales (SAE), una entidad pública colombiana que administra y administra activos para actividades ilícitas. Como resultado, el canal perdió una empresa que controlaba a través de Inassa desde 2001, una época de optimismo sin límites, iluminada por un auge del ladrillo, cuando las empresas cotizadas de la región, incluida Metro, comenzaron a hacer negocios en el exterior. ¿Qué desencadena la intervención? Investigación conjunta de fiscales colombianos y españoles en el marco del caso Leizo, y dictamen judicial.
El expresidente colombiano Iván Duque.Iván Valencia (AP)
Eso dijo en la corte Edmundo Rodríguez Sobrino, presidente de Inassa y presidente regional Ignacio González, mano derecha en Estados Unidos. “El Canal cobra por la asistencia técnica entre paréntesis, no la da, no la da, y cobra mensualmente”, explicó al ser consultado sobre otra empresa del grupo, Dominicana Triple A, pero señaló que el sistema funciona en “todas” las empresas “El canal cobra unos 2 millones de euros al mes por asistencia técnica, que nunca entrega”, subrayó. «Es un pacto oculto entre accionistas (…) que los accionistas recauden dinero para pagar menos impuestos».
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El comunicado respalda la intervención del Ministerio Público de Colombia, que a finales de 2021 ha dado un paso más al decidir vender las acciones congeladas de SAE aplicando el mecanismo contenido en la ley antidrogas (transferencia anticipada). El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, celebró así la compra del 82% de la participación de Triple A en manos de SAE por parte de la corporación municipal Alumbrado Público de Barranquilla (hoy K-yena). Ivan Duk gobernó en ese momento. Pero en junio, Gustavo Petro tomó el poder. Con este cambio, las ventas de acciones se detuvieron. Hay otros. Petro ordenó una investigación sobre si el precio acordado era inferior al precio real.
Así que la confusión continuó expandiéndose. En diciembre de 2022, el enfrentamiento entre el gobierno de Petro y la alcaldía de Barranquilla también incluyó una denuncia contra Colombia presentada por Canal de Isabel II, a través de su filial Canal Extensia, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que busca resolver la Agencia del Banco Mundial para Disputas de Inversiones Internacionales.
La empresa española insistió en que su inversión en Triple A fue confiscada ilegalmente por el gobierno colombiano, actuando «sin transparencia y violando las garantías fundamentales del debido proceso». “Esto constituye una grave violación a las obligaciones de Colombia bajo el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre el Reino de España y Colombia suscrito en Bogotá el 31 de marzo de 2005 y que entró en vigencia el 22 de septiembre de 2007”, agregó. denuncia, según Efe.
Por ello, en una coyuntura donde los conflictos jurídicos y políticos están arraigados, el Canal ha preparado su estrategia jurídica, dispuesto a agilizar todas las situaciones necesarias.
“Canal Extensia, SAU es una sociedad mercantil pública española que posee directamente el 81,84% de la empresa colombiana INASSA, a través de la cual indirectamente posee el 67,24% de la empresa Triple A de Barranquilla y directamente el 1,16% de esta última”, se lee en el acuerdo. «Los servicios objeto de este contrato incluyen, pero no se limitan a, la ejecución de todas las acciones legales necesarias para la adecuada defensa y representación de los derechos e intereses de Canal Extensia, SAU en el curso del procedimiento de extinción de dominio contra INASSA este último en Baran Acciones confirmadas en Tria A de Chia, en todas las etapas del proceso, desde el ejercicio de los recursos hasta las audiencias finales hasta la emisión de las sentencias definitivas”.
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