Protesta en México contra el acoso sexual

La Red Internacional de Periodistas con Visión de Género manifiesta su repudio y preocupación por la situación que atraviesa la periodista peruana Gladys Abad Alvarado, quien ha sido querellada por difamación tras denunciar acoso y hostigamiento sexual en el trabajo.

El 8 de septiembre de 2011, la periodista denunció públicamente a Eduar Antonio Tantaleán Saavedra, asistente directo y trabajador de confianza de la Gerencia Subregional del Gobierno Regional de Cajamarca, por llamadas telefónicas, mensajes de texto, expresiones verbales e insinuaciones, así como, roses corporales que perturbaban su trabajo de relacionista pública en dicha dependencia del Estado.

La periodista presentó una queja verbal ante su jefe inmediato superior, el Gerente Subregional de Jaén, Marco Goyzueta Valencia, quien le propuso trasladarla a otro lugar y a un puesto inferior al que había ganado por concurso público. Entonces, Abad Alvarado, solicitó audiencia con el presidente del Gobierno Regional de Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero, ante quien denunció el acoso y la hostilidad laboral, pero él minimizó el hecho y salió en defensa de los agresores. En represalia, Goyzueta Valencia hostilizó a la periodista acusándola de abandono de puesto de trabajo -por haber acudido a entrevistarse con la autoridad regional- y la amenazó con iniciarle un proceso administrativo, además de discriminarla laboralmente en acciones propias de su cargo. Finalmente, fue despedida bajo la excusa que finalizó su contrato de trabajo.

La periodista, el reciente 13 de octubre ha sido, además, denunciada ante el Tercer Juzgado Unipersonal Supranacional de la provincia de Jaén, departamento de Cajamarca en Perú, por Tantaleán Saavedra quien la acusa de mentir y le demanda el pago de cien mil nuevos soles (35 mil dólares americanos aproximadamente) por concepto de reparación civil -según dice- por haber causado “desmedro en su imagen de persona honorable y honesta”.

La RIPVG se manifiesta en contra del daño causado a la periodista Gladys Abad Alvarado, quien no sólo ha perdido su fuente de trabajo, sino que, además, podría ser condenada ante la imposibilidad de investigación del acto de acoso y hostigamiento sexual que ha caducado por ley, pese a la existencia de pruebas.

En razón a ello, la RIPVG demanda se garantice el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y la libre expresión de las y los periodistas. Por ello exigimos en nombre de la comunidad internacional de periodistas que agrupa nuestra Red, un rápido y adecuado esclarecimiento de este y todos los casos de violencia contra mujeres y hombres periodistas.

La Red Internacional de Periodistas con Visión de Género agrupa a periodistas mujeres y varones de 35 países del mundo.

Los casos de agresión e incluso asesinatos de periodistas se han repetido en distintos países en este último tiempo:

México:

Decapitan a una periodista en Nuevo Laredo; un joven reportero desaparece en Veracruz: “¿Cuál salida al horror?”

El cuerpo de María Elizabeth Macías, jefa de redacción del diario Primera Hora, editado en Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas (este), fue encontrado decapitado el 24 de septiembre de 2011. Esta mujer de 39 años de edad es la cuarta periodista asesinada desde el inicio del año, tras los homicidios de Rocío González Trápaga, ex reportera de Televisa, y Ana María Marcela Yarce Viveros, fundadora y periodista de la revista semanal Contralínea, ocurridos el 31 de agosto pasado en el Distrito Federal, y el de Yolanda Ordaz de la Cruz, columnista del diario regional Notiver, el 26 de julio de 2011 en el estado de Veracruz.

Por otro lado, la periodista y escritora Olga Wornat (@owornat) denunció que tanto su hija como su asistente recibieron amenazas vía correo electrónico. Este último, luego fue asesinado. En entrevista con Carmen Aristegui en MVS Noticias, realizada el 2 de noviembre pasado, Wornat habló sobre el último de los mails de los que ha recibido desde dos meses atrás, y señaló que lo recibió bajo el asunto “Te lo advertimos”, haciendo alusión a que ayer quienes la amenazan advirtieron con matar a su asistente. Comentó que su libro que se publicará en enero de 2012 habla del sexenio. “Esto yo se lo envié a Gil Zuarth, al secretario del Presidente, porque él estuvo enterado de esto y me lo mandaron pedir de la oficina de la Presidencia y me dijeron que esto estaba en manos de Felipe Calderón, del Presidente, cosa que a mí de alguna manera, aunque parece un poco tonto, me tranquilizó un poquito”, señaló la periodista argentina. Finalmente dijo que asocia estas amenazas con su libro, porque se hizo referencia a él en el correo que recibió, además indicó que se trata de un libro “fuerte”.

Nicaragua:

Periodista es forzada con amenazas a abandonar el país

La periodista Silvia González se vio obligada a renunciar al periódico El Nuevo Día y dejar Nicaragua tras las continuas amenazas de muerte que ha recibido desde el 30 de julio de este año, informó este periódico. González cree que las amenazas se deben a los artículos que publicó en enero sobre un ex guerrillero de Contra que recibió armas de Estados Unidos así como la publicación de supuestos actos de corrupción, de acuerdo con Reporteros sin Fronteras. A pesar de que la periodista hizo denuncias ante la Policía Nacional, nunca obtuvo la protección necesaria.

Guatemala:

El 27 de octubre de 2011 Lucía Escobar, directora de la estación Radio Ati, acusó a la Comisión de Seguridad de Panajachel, en Sololá (sudoeste), por las amenazas que ha recibido desde que publicó una columna en el diario El Periódico. En el artículo, la periodista denunciaba la “limpieza social” llevada a cabo por esta milicia urbana creada en 2009, y que miembros de esta comisión eran responsables de la desaparición de un joven, ocurrida hace dos semanas. El 29 de octubre Lucía Escobar decidió dejar su domicilio para protegerse; mantiene en secreto el lugar donde se encuentra.

Related posts:

1. Se recupera lo robado en CIMAC
2. Una periodista agredida en Brasil y otra amenazada de muerte en Perú

Vista aérea de la cárcel de mujeres de Meco, Madrid.

El 23 de abril de 2010, muy temprano, una amiga con la cara demudada me enseñó el titular del periódico 20 minutos, que informaba sobre la violencia sexual ejercida por funcionarios contra reclusas de la cárcel de mujeres de Meco. A mediodía, escuché cómo le preguntaban en la cadena SER al Ministro del Interior, sobre este asunto y cómo él esquivaba la pregunta y la dejaba sin responder.

Por la tarde, comprobé en el ordenador que Yahoo no consideraba que esto fuera destacable y solo pinchando en ‘Más noticias’ se podía encontrar algo relativo a los “funcionarios que mantenían relaciones sexuales consentidas con presas a cambio de favores”. Sentí náuseas. Al día siguiente, compré el diario Público, buscando una información fiable ya que, al no admitir anuncios de prostitución, esperaba que fuera sensible y respetuoso con las mujeres a diferencia del resto de la prensa diaria española. Me decepcionó, y espero que rectifique, porque si no lo hace no podré comprarlo más.

Mientras tanto, no quiero quedarme solo con la herida de las palabras que violentan lo femenino libre y el sentido común más elemental. No quiero acostumbrarme a los usos de la lengua que encubren la violencia masculina. Quiero desmenuzarlos para que no se quede escondido en ellos el veneno que contienen. Quiero abrir las preguntas que me surgen para pensar con otras y otros sobre esa violencia brutal contra las mujeres que se sigue manteniendo en todos los rincones de la sociedad y que los medios de comunicación, seguramente por miedo, empiezan a convertir en banal.

Busqué la noticia en la portada del diario y encontré solo un pequeño recuadro en el que decía: “Cesados los jefes de la cárcel de mujeres por permitir juergas” ¿Qué significado le da el periódico a la palabra juerga, en el contexto de una cárcel de mujeres en la que los funcionarios, al parecer, violan a las presas?”.

Sentí una indignación que no podía soportar y comprobé que en las páginas centrales, ampliaban la información de forma todavía más lamentable: “Interior investiga juergas en una cárcel de mujeres” ¿El Ministerio del Interior investiga aquí sobre juergas o sobre violencia machista de los funcionarios contra las presas? A continuación dice: “Instituciones Penitenciarias destapa varias irregularidades en una prisión de Madrid” ¿Son irregularidades o delitos?

Cuando narra lo ocurrido, habla de que “Las pesquisas que han destapado el escándalo se iniciaron después de que una funcionaria denunciase a un compañero el 4 de enero, ahora expedientado, al que vio el día de fin de año, presentando signos de haber bebido, junto a dos presas y otra funcionaria, bebiendo y brindando”. Aparte de que no se dice nada sobre las dificultades que habrá tenido la denunciante en estos tres meses, pues solo después de hacerse público otro caso ha prosperado su denuncia, ¿Qué quiere decir aquí “junto a dos presas”? ¿Y acaso la “otra funcionaria” era la única cómplice en un caso en el que, por ahora todos los destituidos son hombres o es que interesa recalcar que las mujeres también son violentas?

Después, prosigue: “Varios funcionarios detallaron numerosas irregularidades más, desde el robo de comida en la cocina a relaciones sexuales consentidas a cambio de favores, pasando por siestas en plena jornada laboral” ¿Qué significa aquí ‘consentidas a cambio de favores’? ¿Es posible hablar de consentimiento en una situación de subordinación como esta, en la que los favores se obtienen así? ¿Es comparable que los funcionarios roben comida o duerman la siesta con que ejerzan violencia sexual contra las presas?

Más adelante continúa: “Otro funcionario, el segundo sancionado, abrió una noche a primeros de abril la celda en que pernoctaban dos internas y compartió varias horas con ellas”. ¿Qué pinta aquí un verbo tan precioso como compartir, en vez de decir que las sometió varias horas con violencia? En otro momento dice que: “Un funcionario montó una ‘fiesta’ nocturna en una celda con dos reclusas” ¿Es una fiesta para las reclusas que un funcionario abuse de ellas por su posición de poder sobre ellas?

Por otra parte, según ha comunicado oficialmente Instituciones Penitenciarias, el motivo de las destituciones de algunos funcionarios, que se han producido al salir a la luz el escándalo, es el “comportamiento inaceptable” de esos funcionarios y de la “incapacidad para hacer frente a la situación del director y el subdirector de la cárcel. ¿La violación de derechos de las reclusas solo es un comportamiento inaceptable? ¿Alegar la incapacidad de los responsables les exime de algo?

No tranquiliza nada saber que la investigación sigue abierta para aclarar, también según fuentes de Instituciones Penitenciarias, “si algunos funcionarios pudieron mantener relaciones sexuales consentidas con varias internas”. La palabra consentimiento sobra aquí y siempre que una mujer esté en prisión y dependa de “los favores” del carcelero violador. Igual que ocurre en la prostitución, que nunca es consentida ni voluntaria, porque la mujer prostituida depende de ‘los favores’ del prostituidor. Relacionarse libremente es otra cosa, que nadie se equivoque.

Fuente: Diagonal Web.

Escrito por Ana Mañeru Méndez, de la Fundación Entredos

No related posts.

A lo largo de los últimos años, en el Estado Español se han producido avances legislativos en materia de lucha contra la violencia machista tan importantes como la Ley Orgánica 1/2004, del 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Y otras más específicas, las que se encargan de regular las medidas cautelares desde los poderes públicos, como la Ley 27/2003, del 31 de julio.
En Cataluña, el pasado 24 de abril en el Parlamento se aprobó la ley 5/2008 sobre el derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista. El derecho a vivir en paz y sin sufrir violencia por el mero hecho de ser mujer. Si la ley estatal fue innovadora por su planteamiento integral en la violencia contra las mujeres, la ley catalana rehuye los planteamientos asistenciales y paternalistas. La intervención integral a las mujeres que sufren violencia se hará efectiva con independencia de la existencia de una denuncia legal.
Es de las pocas leyes que recogen la violencia institucional como una de las manifestaciones de la violencia estructural, reconociendo el trabajo llevado a cabo por las asociaciones de mujeres a lo largo del tiempo. La lucha en contra de la violencia de género se tiene que desarrollar según la ley, en tres niveles de intervención integral: prevención, atención protección, reparación y recuperación.
La Ley del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista utiliza la expresión violencia machista porque el machismo es el concepto que de forma generalizada define las conductas de dominio, control y abuso de poder de los hombres sobre las mujeres y que, a la vez, ha impuesto un modelo de masculinidad que aún se valora por una parte de la sociedad como superior.
El texto precursor es el Estatuto de Cataluña.
En Cataluña, el Estatuto da un tratamiento muy sensible y aborda de manera específica los derechos de las mujeres frente a la violencia machista. Así, el artículo 19 determina como derechos de las mujeres, el libre desarrollo de la personalidad y la capacidad personal, y vivir con dignidad, seguridad y autonomía, libres de explotación, maltratos y todo tipo de discriminación. Más adelante, en el artículo 41.3 se establece como uno de lo principios rectores de las políticas públicas el deber de garantizar que se afronten de manera integral todas las formas de violencias contra las mujeres y los actos de carácter sexista y discriminatorio y, al mismo tiempo, establece el deber de fomentar el reconocimiento del papel que han desempeñado las mujeres en los ámbitos culturales, histórico, social y económico, a la vez que el de promover la participación de grupos y las asociaciones de mujeres en la elaboración y avaluación de dichas políticas. Además, el artículo 153 aborda las políticas de género disponiendo que corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva de la regulación de las medidas e instrumentos a favor de la sensibilización sobre la violencia de género y para detectarla y prevenirla.
Además de la regulación de servicios y recursos propios destinados a conseguir una protección integral de las mujeres que han sufrido o sufren violencia de este tipo. Todo esto, junto con la competencia de la Generalitat de Catalunya en materia de conservación, modificación y desarrollo del derecho civil catalán. Dentro de este marco, el 30 de enero de 2007 se aprobó el Proyecto de Ley del libro cuarto del Código Civil de Cataluña, relativo a las sucesiones, aportando una regulación en el sentido de incorporar los supuestos de violencia doméstica como causas de indignidad para suceder en la pareja.
La Ley 5/2008, del 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista es la aprobada por el Parlamento catalán y dónde se especifica la voluntad del Gobierno para asumir un trabajo transversal e interdepartamental no tan solo para reconocer los derechos de las mujeres para vivir libres de todas las violencias, sino también para defender el derecho de su erradicación, o lo que es lo mismo, para vivir libres de violencia por el hecho de ser mujeres.

Las Mujeres Juristas lo explicaban así en el anteproyecto de Ley: …/… « El proyecto de ley que se transmite busca atribuir derechos a las mujeres en la lucha contra la violencia de género, pero partiendo siempre del derecho más importante que, para nosotras, es el derecho que tiene toda mujer a vivir sin violencia. A partir de este derecho, se originan el resto de derechos que la ley contempla.
Con esta premisa, se ha trabajado para reconocer y atribuir derechos a las mujeres sin caer en medidas asistencialistas ni paternalistas que lo único que consiguen es victimizar una vez más a la mujer que sufre violencia y, como mucho paliar su situación sin buscar ni obtener su total recuperación ni, mucho menos, la erradicación de la violencia. Es decir, se ha intentado elaborar una Ley positiva, en el sentido de definir y desarrollar derechos y sistemas de garantías.
Otro aspecto a remarcar de este texto es el hecho de desvincular la lucha contra la violencia de las medidas de aspecto penal. Ciertamente, los derechos con que se quiere dotar a las mujeres no tienen que estar condicionados por la existencia previa de una denuncia penal. La intervención integral a las mujeres que sufren violencia se hará efectiva con independencia de la existencia de una denuncia penal. Con esta formula, lo que se busca es ampliar el ámbito de protección de la mujer que sufre violencia.
Por eso, el texto ha incorporado la premisa que, para acreditar las situaciones de violencia y, por lo tanto, para el reconocimiento de los derechos proclamados en esta ley, es suficiente el informe de Servicios Sociales o del organismo competente. » ../… Asimismo, en la medida que los casos de violencia se siguen produciendo, es evidente que también es necesario trabajar en el ámbito de la asistencia y de la protección así como en el de la reparación y recuperación. Por lo tanto, la lucha contra la violencia de género se tiene que desarrollar en tres niveles de intervención integral: la prevención, la atención y protección y la reparación y atención.
El Título III define la red de servicios públicos necesarios para la asistencia y protección integral de las mujeres que han sufrido violencia con la idea que la Administración Pública debe ser la responsable de fijar qué servicios se tienen que crear para asistir y proteger a las mujeres, cómo se definen estos servicios, qué metodología se usa en la intervención, así como a lo largo del seguimiento y formación de las personas profesionales que trabajan en este sector.
Mención especial merece el Título IV – reparación, recueración y derechos económicos -. Este Título específico quiere consagrar como derecho autónomo los derechos de las mujeres en la reparación y recuperación integral de los daños causados por la violencia. ../…La estructura de la ley propuesta también tiene presente que la violencia o tiene una sola vertiente, sino que existen diferentes tipos de violencia. Estas se abrdan en el Título denominado “ Violencias Específicas “ ( Título VI ).
La especificidad de este Título responde a la idea de que las formas de violencia son múltiples ( des de una violencia directa, vejatoria, como lo son el maltrato, la agresión física, psíquica y sexual ) hasta la denominada violencia estructural que configura y posibilita las otras violencias, que es la más sutil y peligrosa. La violencia económica y la explotación de las mujeres son dos ejemplos claros de la violencia estructural.El trabajo acaba con un último Título dedicado a la coordinación y colaboración. En este Título se pretende delimitar – dentro del respecto al principio de autonomía local – aquellas competencias que corresponden a la Administración autonómica de aquellas que corresponden a la Administración local.Este trabajo, por lo tanto, fruto del estudio y de la discusión de mujeres con una amplia trayectoria en el mundo de la lucha contra la violencia, pretende ser una herramienta de utilidad tanto en la erradicación de la violencia en contra de las mujeres, como en la atribución a éstas de los derechos que les corresponden en su anhelo de vivir en un mundo sin violencia “. /
La Estructura de la Ley 5/2008El Título I recoge las disposiciones generales de la Ley, en que se definen las cuestiones básicas sobre la violencia machista; el objeto, las finalidades y el ámbito de aplicación de la Ley, y el concepto, las formas de ejercicio y los ámbitos de manifestación de la violencia machista, tanto en el espacio público como el privado.
El Título II regula la prevención, la detección y la erradicación de la violencia machista. El Título III regula todos los derechos de las mujeres en la prevención, atención, asistencia, la protección, la recuperación y la reparación integral, que se convierten en el núcleo central de los derechos de las mujeres en situaciones de violencia machista.Finalmente, el Título IV define las competencias, la organización y la intervención integral contra la violencia machista.

No related posts.