Protesta en México contra el acoso sexual

La Red Internacional de Periodistas con Visión de Género manifiesta su repudio y preocupación por la situación que atraviesa la periodista peruana Gladys Abad Alvarado, quien ha sido querellada por difamación tras denunciar acoso y hostigamiento sexual en el trabajo.

El 8 de septiembre de 2011, la periodista denunció públicamente a Eduar Antonio Tantaleán Saavedra, asistente directo y trabajador de confianza de la Gerencia Subregional del Gobierno Regional de Cajamarca, por llamadas telefónicas, mensajes de texto, expresiones verbales e insinuaciones, así como, roses corporales que perturbaban su trabajo de relacionista pública en dicha dependencia del Estado.

La periodista presentó una queja verbal ante su jefe inmediato superior, el Gerente Subregional de Jaén, Marco Goyzueta Valencia, quien le propuso trasladarla a otro lugar y a un puesto inferior al que había ganado por concurso público. Entonces, Abad Alvarado, solicitó audiencia con el presidente del Gobierno Regional de Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero, ante quien denunció el acoso y la hostilidad laboral, pero él minimizó el hecho y salió en defensa de los agresores. En represalia, Goyzueta Valencia hostilizó a la periodista acusándola de abandono de puesto de trabajo -por haber acudido a entrevistarse con la autoridad regional- y la amenazó con iniciarle un proceso administrativo, además de discriminarla laboralmente en acciones propias de su cargo. Finalmente, fue despedida bajo la excusa que finalizó su contrato de trabajo.

La periodista, el reciente 13 de octubre ha sido, además, denunciada ante el Tercer Juzgado Unipersonal Supranacional de la provincia de Jaén, departamento de Cajamarca en Perú, por Tantaleán Saavedra quien la acusa de mentir y le demanda el pago de cien mil nuevos soles (35 mil dólares americanos aproximadamente) por concepto de reparación civil -según dice- por haber causado “desmedro en su imagen de persona honorable y honesta”.

La RIPVG se manifiesta en contra del daño causado a la periodista Gladys Abad Alvarado, quien no sólo ha perdido su fuente de trabajo, sino que, además, podría ser condenada ante la imposibilidad de investigación del acto de acoso y hostigamiento sexual que ha caducado por ley, pese a la existencia de pruebas.

En razón a ello, la RIPVG demanda se garantice el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y la libre expresión de las y los periodistas. Por ello exigimos en nombre de la comunidad internacional de periodistas que agrupa nuestra Red, un rápido y adecuado esclarecimiento de este y todos los casos de violencia contra mujeres y hombres periodistas.

La Red Internacional de Periodistas con Visión de Género agrupa a periodistas mujeres y varones de 35 países del mundo.

Los casos de agresión e incluso asesinatos de periodistas se han repetido en distintos países en este último tiempo:

México:

Decapitan a una periodista en Nuevo Laredo; un joven reportero desaparece en Veracruz: “¿Cuál salida al horror?”

El cuerpo de María Elizabeth Macías, jefa de redacción del diario Primera Hora, editado en Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas (este), fue encontrado decapitado el 24 de septiembre de 2011. Esta mujer de 39 años de edad es la cuarta periodista asesinada desde el inicio del año, tras los homicidios de Rocío González Trápaga, ex reportera de Televisa, y Ana María Marcela Yarce Viveros, fundadora y periodista de la revista semanal Contralínea, ocurridos el 31 de agosto pasado en el Distrito Federal, y el de Yolanda Ordaz de la Cruz, columnista del diario regional Notiver, el 26 de julio de 2011 en el estado de Veracruz.

Por otro lado, la periodista y escritora Olga Wornat (@owornat) denunció que tanto su hija como su asistente recibieron amenazas vía correo electrónico. Este último, luego fue asesinado. En entrevista con Carmen Aristegui en MVS Noticias, realizada el 2 de noviembre pasado, Wornat habló sobre el último de los mails de los que ha recibido desde dos meses atrás, y señaló que lo recibió bajo el asunto “Te lo advertimos”, haciendo alusión a que ayer quienes la amenazan advirtieron con matar a su asistente. Comentó que su libro que se publicará en enero de 2012 habla del sexenio. “Esto yo se lo envié a Gil Zuarth, al secretario del Presidente, porque él estuvo enterado de esto y me lo mandaron pedir de la oficina de la Presidencia y me dijeron que esto estaba en manos de Felipe Calderón, del Presidente, cosa que a mí de alguna manera, aunque parece un poco tonto, me tranquilizó un poquito”, señaló la periodista argentina. Finalmente dijo que asocia estas amenazas con su libro, porque se hizo referencia a él en el correo que recibió, además indicó que se trata de un libro “fuerte”.

Nicaragua:

Periodista es forzada con amenazas a abandonar el país

La periodista Silvia González se vio obligada a renunciar al periódico El Nuevo Día y dejar Nicaragua tras las continuas amenazas de muerte que ha recibido desde el 30 de julio de este año, informó este periódico. González cree que las amenazas se deben a los artículos que publicó en enero sobre un ex guerrillero de Contra que recibió armas de Estados Unidos así como la publicación de supuestos actos de corrupción, de acuerdo con Reporteros sin Fronteras. A pesar de que la periodista hizo denuncias ante la Policía Nacional, nunca obtuvo la protección necesaria.

Guatemala:

El 27 de octubre de 2011 Lucía Escobar, directora de la estación Radio Ati, acusó a la Comisión de Seguridad de Panajachel, en Sololá (sudoeste), por las amenazas que ha recibido desde que publicó una columna en el diario El Periódico. En el artículo, la periodista denunciaba la “limpieza social” llevada a cabo por esta milicia urbana creada en 2009, y que miembros de esta comisión eran responsables de la desaparición de un joven, ocurrida hace dos semanas. El 29 de octubre Lucía Escobar decidió dejar su domicilio para protegerse; mantiene en secreto el lugar donde se encuentra.

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Tras los reclamos de las feministas, los agentes agredieron a Patricia Orozco golpeándola en los brazos y haciéndole una llave para inmovilizarla. Producto del altercado, resultó con golpes en la barbilla, con la muñeca de su brazo izquierdo inflamada y laceraciones en su brazo derecho producto de la imposición violenta de las esposas policiales a que fue sometida. Fue subida mediante la fuerza a una patrulla de la Comisaría de la Mujer y la Niñez y llevada a las oficinas de la delegación departamental de la Policía en la ciudad de León. A las otras dos feministas las aventaron con violencia y les quitaron sus maletas y bolsos.

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Pegamos carteles de “clausurado por violar los derechos de las mujeres” en la entrada de la Embajada y no dejamos entrar ni salir a nadie durante el acto; nos acompañó una reproducción de Sandino con la leyenda “Ortega: no en mi nombre”, expusimos una manta que decía “Gobierno de Nicaragua: sin memoria, sin congruencia, sin Sandino… Ortega: Violador de derechos de las mujeres”. Cada una portó una foto de las compañeras nicas que han sido agredidas.

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Diversos movimientos sociales, redes y organizaciones legalmente constituidas de la sociedad nicaragüense, denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional e instancias de derechos humanos del Sistema de Naciones Unidas, las acciones persecutorias desarrolladas por parte del gobierno de Nicaragua, bajo la conducción del Presidente de la República, Sr. Daniel Ortega Saavedra.

A partir del mes de julio del presente año, el gobierno de Nicaragua a través de sus medios de comunicación ha incitado de forma sistemática a grupos de base del FSLN a impedir de forma violenta, movilizaciones de protesta desarrolladas por diversas organizaciones de la sociedad nicaragüense, que reclaman entre otros aspectos, respeto a la libertad de organización y movilización de la ciudadanía para la defensa de sus derechos.

Estos hechos representan una clara violación a los Artículo 53 y 54 de la Constitución Política de la República, en los cuales se reconoce el derecho de reunión pacífica; el derecho de concentración, manifestación y movilización pública.
Después de varias semanas de hostigamiento público por parte de los medios de comunicación del gobierno, el día 10 de Octubre del 2008 el Juzgado Segundo de Distrito de lo Penal de Audiencia de la Circunscripción de Managua, a solicitud del Ministerio Público de la República, emitió un “auto de allanamiento y orden de secuestro de bienes” en contra de las siguientes redes, organizaciones y ONGs internacionales:

Red Nicaragüense de Comercio Comunitario (RENICC)
Coordinadora Civil
Grupo Venancia de Matagalpa
Red de Mujeres Municipalistas de Nicaragua (RMM)
Forum Syd (Organizaciones en Colaboración por la Justicia Social )
Centro de Investigación de la Comunicación (CINC0)
Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM)
OXFAM Gran Bretaña (OXFAM GB)

Dicha orden judicial viola la Constitución Política , la que en sus artículos 49, 50, 52, 53 y 54 del CAPITULO II, de los DERECHOS POLÍTICOS, consigna lo siguientes derechos para la ciudadanía nicaragüense:
ARTICULO 49.- En Nicaragua tienen derecho de constituir organizaciones los trabajadores de la ciudad y del campo, las mujeres, los jóvenes, los productores agropecuarios, los artesanos, los profesionales, los técnicos, los intelectuales, los artistas, los religiosos, las Comunidades de la Costa Atlántica y los pobladores en general, sin discriminación alguna, con el fin de lograr la realización de sus aspiraciones según sus propios intereses y participar en la construcción de una nueva sociedad. Estas organizaciones se formarán de acuerdo a la voluntad participativa y electiva de los ciudadanos, tendrán una función social y podrán o no tener carácter partidario, según su naturaleza y fines.
ARTICULO 50.- Los ciudadanos tienen derecho de participar en igualdad de condiciones en los asuntos públicos y en la gestión estatal. Por medio de la ley se garantizará, nacional y localmente, la participación efectiva del pueblo.
ARTICULO 52.- Los ciudadanos tienen derecho de hacer peticiones, denunciar anomalías y hacer críticas constructivas, en forma individual o colectiva, a los Poderes del Estado o cualquier autoridad; de obtener una pronta resolución o respuesta y de que se les comunique lo resuelto en los plazos que la ley establezca.
Esta acción carente de toda legalidad, ya fue ejecutada de forma oficiosa por la Fiscalía de la República con el resguardo de la Policía Nacional , en contra del Centro de Investigación de la Comunicación (CINC0) y el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) de forma simultanea el 10 de Octubre de los corrientes.
A pesar de que los afectados por la orden de allanamiento y secuestro no conocen la denuncia formal presentada en contra de sus respectivas organizaciones, la Fiscalía de la República asevera que la misma fue interpuesta por el Director de Registro de ONGs del Ministerio de Gobernación, a pesar que la ley no le faculta para ejercer una acción de denuncia pública. Ello representa otra violación a la Constitución, la que en los artículos 130 y 131, contenidos en el TITULO VIII, Capitulo I, DE LA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO , dice textualmente:
ARTICULO 130.- La nación nicaragüense se constituye en un Estado Social de Derecho. Ningún cargo concede a quien lo ejerce, más funciones que las que le confieren la Constitución y las leyes. En el mismo sentido, el Articulo 131, inciso (3) señala: “Los funcionarios y empleados públicos son personalmente responsables por la violación de la Constitución, por falta de probidad administrativa y por cualquier otro delito o falta cometida en el desempeño de sus funciones. También son responsables ante el Estado de los perjuicios que causaren por abuso, negligencia y omisión en el ejercicio del cargo….”

Los movimientos, redes y organizaciones abajo firmantes, somos concientes del daño que a lo largo de nuestra historia nos han causado gobiernos dictatoriales, autoritarios y corruptos. Por ello hemos invertido nuestras energías en la construcción de una sociedad pacífica y respetuosa de los derechos individuales y colectivos de los y las ciudadanas, que con tanto esfuerzo hemos logrado consignar en el sistema de leyes.

Llamamos a las organizaciones regionales e internacionales de derechos humanos a que interpongan sus buenos oficios en apoyo a los esfuerzos que venimos realizando a nivel nacional, para lograr un diálogo constructivo con el actual gobierno de Nicaragua.

Esta carta fue dirigida a: Comité Internacional de Derechos Humanos, Organización Mundial Contra la Tortura, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Parlamento Europeo, Comisión de Derechos Humanos de la Unión Europea , Human Rights Watch, Plataforma Interamericana de derechos Humanos, Desarrollo y Democracia, Secretariado Internacional de ONGs, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Firman el presente comunicado:

Mirna Blandon Gadea
Movimiento Feminista

Fátima Millón Duran
Red de Mujeres Contra la Violencia

Georgina Muñoz
Coordinadora Civil

Maria Teresa Blandon Gadea
Programa Feminista La Corriente

Eva Maria SanQuim
Asociación de Mujeres Profesionales por el desarrollo (AMPDI)

Luz Marina Torrez Velásquez
Colectivo de Mujeres 8 de Marzo

Sandra Arceda Torrez
Colectiva de Mujeres 8 de Marzo
Esquipula – Matagalpa

Klemen Altamirano
Colectiva de Mujeres de Masaya

Nora Meneses Mendoza
Colectivo de Mujeres Xochilt

Ada Esperanza Silva
Centro de Derechos Constitucionales

Martha Lorena Cabrera Lainez
Asociación Intergeneracional por la Paz y la
Vida San Rafael del Sur

Gladys Areas Urbina
Instituto Hablemos de Nosotras

Imara Matilde Mairena
Grupo Feminista de León

Eveling Flores
Fundación Puntos de Encuentro

Martha Villanueva
Grupo Lesbico Nicaragüenses Safo

Bismark Moraga Peña
Iniciativa desde la Diversidad Sexual por
los Derechos Humanos

Diana Martines
Fundación entre Mujeres Esteli

Sandra Carvajal
Instituto de Mujeres No Videntes

Celia Contreras
Casa de la Mujer de Bocana de Paiwas

Eva Molina Show
Colectivo de Mujeres de Matagalpa

Ruth Marina Matamoros
Grupo Venancia – Matagalpa

Maria Teresa Ochoa
Católicas por el Derecho a Decidir Nicaragua

Maria Teresa Crespín
Movimiento Contra el Abuso Sexual

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El régimen del nicaragüense Daniel Ortega iniciado en enero de 2007 representa una fuerte amenaza a los derechos de las mujeres: ratificó la abolición del aborto terapéutico y dictó su penalización, burla la paridad de género en la arena política y no cesa en su persecución a líderes feministas, que por estas horas buscan amparo político y apoyo internacional. Acusado de abusar física y psicológicamente de su hijastra, Ortega es denunciado por ONG de DDHH, y para muchos países su visita ya no es grata.
El actual gobierno de Daniel Ortega se inauguró en enero de 2007, y desde entonces se marcó un antes y un después en la historia de las mujeres nicaragüenses y en la de sus derechos como ciudadanas.
No era difícil prever el déficit en cuestiones de género que llegaría con el régimen de Ortega: como diputado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en noviembre del 2006 apoyó la Ley que prohíbe todo tipo de aborto incluido el que se realiza con fines terapéuticos, práctica que había sido permitida en Nicaragua durante los últimos 100 años. Apenas un año después, y ya como presidente, Ortega ratificó la prohibición del aborto y dictaminó la penalización a quienes lo practicasen.
Basta imaginar las consecuencias de la medida en un país donde, según estadísticas de la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global, cuatro de cada diez familias viven en situación de extrema pobreza, y donde al menos tres de ellas tienen a mujeres a la cabeza.
Pero la prohibición y penalización del aborto apenas fue el comienzo. En Nicaragua la paridad de género en cuanto a participación política solo está representada por la esposa de Ortega, Rosario Murillo, que ejerce una ”co-presidencia” que nadie ha votado y, sobre todo, que en nada incorpora los derechos y reclamos de las mujeres.
Los casos de Rosita y Zoilamérica
El panorama de impunidad que se vive en Nicaragua parece estar delineado por dos hechos emblemáticos. El primero es el ”caso Rosita”, una nena de 9 años violada y embarazada por su padrastro en 2003, a la que se le practicó un aborto terapéutico, medida impulsada por la Red de Mujeres Contra la Violencia y otras organizaciones.
El segundo caso paradigmático es el de Zoilamérica Narváez, hijastra de Ortega, quien en 1998 acusó al actual presidente de abusar de ella sexual y psicológicamente desde sus 13 años de edad. En su testimonio, así relata Zoilamérica parte de los abusos cometidos contra ella: ”Daniel Ortega Saavedra me violó en el año de 1982. No recuerdo con exactitud el día, pero sí los hechos. Fue en mi cuarto, tirada en la alfombra por él mismo, donde no solamente me manoseó sino que con agresividad y bruscos movimientos me dañó, sentí mucho dolor y un frío intenso”. Y sigue: ”Él ensució mi cuerpo, lo utilizó a como quiso sin importarle lo que yo sintiera o pensara”.
Tras la denuncia, Ortega, que entonces era diputado, solicitó al Tribunal de Managua rechazar los cargos alegando el privilegio de inmunidad previsto por el artículo 139 de la Constitución nicaragüense. Además, el actual presidente negó las imputaciones y alegó la prescripción de los delitos, supuestamente cometidos entre 1978 y 1982.
Pero hoy, diez años después de las denuncias en su contra, son las mismas mujeres que pelearon a favor de Rosita y de Zoilamérica las que Ortega y los sectores de la derecha católica acusan y persiguen. La denominada Asociación Nacional Pro Derechos Humanos (ANPDH), interpuso en 2007 una denuncia en contra de nueve líderes destacadas del Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua (MAMN), a quienes señala como responsables de cometer ”supuestos hechos delictivos” en relación con el ”caso Rosita”.
En respuesta a tales acusaciones, en enero de este año, activistas del MAMN denunciaron que se consideran perseguidas políticas del gobierno de Ortega, y que con ello se intenta la desarticulación de los movimientos sociales y se constituye una amenaza a la libertad de asociación.
Dos meses después, en el marco del día de la mujer, el MAMN declaró que el régimen de Ortega ”se caracteriza por la autocracia, la demagogia y la misoginia contra las mujeres”. Además, en un documento emitido por la organización, se hace especial énfasis en la inaccesibilidad de las mujeres a la justicia, cuando acuden como víctimas de la violencia de género. Según fuentes oficiales, entre 2003 y 2004, solamente en Managua, la Policía recibió mil 119 denuncias de violencia sexual, de las cuales 500 llegaron a la Fiscalía, y de éstas, 97 fueron a los tribunales, donde sólo se pronunciaron 40 sentencias de culpabilidad.
Buscando ayuda

Días atrás, Ana María Pizarro, médica argentina residente en Nicaragua y consejera consultiva de la Red de Mujeres Contra la Violencia, hizo un pedido de protección al gobierno argentino después de recibir amenazas telefónicas. Además, Pizarro ha sido citada para responder por ”perjuicio al Estado de Nicaragua” y se la acusa, entre otros cargos, por los supuestos delitos de ”apología del aborto” y ”asociación ilícita para delinquir” por haber participado del caso Rosita.

Otro pedido de apoyo es el de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, (RSMLAC)*, por el que sus integrantes denuncian que ”los ataques promovidos por el gobierno nicaragüense encabezado por Daniel Ortega en contra de las defensoras de los derechos humanos de las mujeres en ese país no se limitan a un juicio en su contra sino que se expresan en persecuciones y amenazas directas contra sus vidas y la de sus familias”.
A partir de la persecución que sufren las nicaragüenses, diferentes organizaciones han pedido a los estados del continente que rechacen la entrada de Ortega a sus países. Así sucedió en noviembre de 2007, cuando Ortega fue repudiado por organizaciones de mujeres chilenas durante su participación en la Cumbre Social de los Pueblos celebrada en Santiago de Chile, o en agosto pasado en Paraguay, durante la jura del nuevo jefe de estado Fernando Lugo, cuando militant@s feministas y de derechos humanos resistieron la visita del presidente nicaragüense.

*Las adhesiones y muestras de apoyo a las mujeres perseguidas por Ortega pueden enviarse al correo electrónico de Adriana Gomez, miembra de RSMLAC: agomez@reddesalud.org

Fuente: Artemisa Noticias

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La Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC) exigió al gobierno de Ortega que respete la vida de las defensoras de los derechos humanos de las mujeres en Nicaragua. ¡¡Basta de violencia y persecusiones!!, reclamaron. Aquí, el comunicado: 

Los ataques promovidos por el gobierno nicaragüense encabezado por Daniel Ortega en contra de las defensoras de los derechos humanos de las mujeres en ese país –que no se limitan a un juicio en su contra sino que se expresan en persecuciones y amenazas directas contra sus vidas y la de sus familias–, constituyen un hecho inaceptable y oprobioso que merece la más firme condena y rechazo por parte de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, RSMLAC.

Frente a esta situación, nos solidarizamos especialmente con las compañeras Ana María Pizarro, Sofía Montenegro, Patricia Orozco, Juanita Jiménez, Lorna Norori, Luisa Molina Arguello, Martha María Blandón, Martha Munguía, Mayra Sirias, Violeta Delgado y Yamileth Mejía, quienes se han destacado por su compromiso histórico y permanente por mejorar la condición de vida y salud de las mujeres de ese país, en especial, las más pobres y desprotegidas. Sin embargo, a raíz de ello son objeto de los ataques ya señalados, de los cuales la opinión pública nacional, regional y mundial debe estar informada.

También expresamos nuestro decidido apoyo y respaldo a otras organizaciones de la sociedad civil, incluyendo a personas reconocidas como Ernesto Cardenal y Dora María Téllez, a quienes el gobierno les ha constreñido arbitrariamente su participación en el ámbito público, en una actitud dictatorial que ha sido denunciada internacionalmente.

Esta situación es inadmisible y reprobable, pues las democracias deben ser construidas y fortalecidas con el concurso de todas las fuerzas sociales, sin exclusiones de ningún tipo y, sobre todo, sin represión estatal frente a quienes, desde su diversidad, ostentan posturas que difieren de la oficial. Solo de esta forma se podrá avanzar hacia sociedades más inclusivas y respetuosas de los derechos humanos, incluyendo los derechos de las mujeres, quienes continúan experimentando persistentes discriminaciones y violencias en razón de su sexo.

Es justamente a la defensa de los derechos de las humanas donde se ha volcado la lucha infatigable de las compañeras hoy tan cruelmente amenazadas, quienes se han situado en primera línea de las luchas sociales reivindicativas, actuación por la cual enfrentan graves riesgos a partir de la campaña orquestada por el gobierno de Daniel Ortega en su contra. Esto, a no dudarlo, es reflejo de un espíritu revanchista a raíz de las denuncias que el movimiento de mujeres ha realizado en contra de Ortega por su participación directa en la derogación del aborto terapéutico y por los abusos y violaciones cometidas contra su hijastra Zoilamérica Narváez, cuando era niña.

Por lo tanto, la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe exige al gobierno de Daniel Ortega que cese de inmediato sus ataques y falsas acusaciones en contra de las compañeras antes señaladas, y acate en su totalidad el espíritu preclaro de la Declaración de las Naciones Unidas sobre las y los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada en 1998, la cual reconoce que los ideales consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos solo pueden hacerse realidad si todas las personas participan en su aplicación y si quienes trabajan para promoverlos pueden hacerlo sin injerencias, obstáculos, intimidaciones o amenazas.

Asimismo, la Declaración demanda a los gobiernos que protejan los derechos que son fundamentales para el trabajo de defensores y defensoras. El derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, el derecho a la acción colectiva y al activismo pacífico para lograr cambios, así como el derecho a recibir y difundir información y a establecer comunicación con organizaciones nacionales e internacionales, quedan así reconocidos como fundamentales para quienes defienden los derechos humanos.

Como instancia de articulación de organizaciones, redes y personas que trabajan por la salud y los derechos humanos de las mujeres en esta región, la RSMLAC continuará solidarizando activamente con quienes hoy son perseguidas, y pide a toda su membresía que difunda esta declaración pública, y la haga llegar a las Embajadas de Nicaragua en sus respectivos países, al igual que a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, quienes desde su misión de trabajo sin duda apoyarán esta causa.

Santiago de Chile, 7 de octubre de 2008.

Coordinación General
Nirvana González (Puerto Rico)

Consejo Directivo
Télia Negrão (Brasil)
Ada Alfonso (Cuba)
Jeanne Henríquez (Curaçao)
Zaida Betancourt (Ecuador)
Alma Odette Chacón (Guatemala)
María Eugenia Romero (México)
Norma Benítez (Paraguay)

Consejo Consultivo
Mabel Bianco (Argentina)
Maria José Araujo (Brasil)
Maria Isabel Baltar (Brasil)
Fátima Oliveira (Brasil)
Olga Amparo Sánchez (Colombia)
Amparo Claro (Chile)
María Isabel Matamala (Chile)
Josefina Hurtado (Chile)
Maria Suárez (Costa Rica)
Ruth Polanco (El Salvador)
Teresita De Barbieri (México)
Pilar Muriedas (México)
Emma Reyes (México)
Ana María Pizarro (Nicaragua)
Ana María Portugal (Perú)
Frescia Carrasco (Perú)
Nancy Palomino (Perú)
Elvira Lutz (Uruguay)

Directorio
Rosa Ferrada (Chile)
María Eugenia Calvin (Chile)
Alejandra Valdés (Chile)
Fanny Pollarolo (Chile)
Ricardo Saavedra (Chile

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